Varios opositores venezolanos arrestados días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio llevan más de 80 días sin ver a sus familiares quienes, este martes, dijeron no haber podido constatar si quiera si se encuentran vivos y denuncian graves violaciones a sus derechos humanos.
El dirigente político del partido Voluntad Fashionable, Freddy Superlano, cumple 112 días de haber sido interceptado y arrestado por presuntos agentes de inteligencia encapuchados; el exparlamentario Américo de Grazia, 104 días; Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, 84 días; y el periodista y exparlamentario, Biagio Pilieri, 83 días.
Todos, según sus familiares y abogados, son presos políticos que se encuentran en situación de desaparición forzada, y se les ha impedido tener acceso a defensa privada.
“Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada”, dijo consultada por periodistas María Constanza Cipriani, esposa de Rocha, también asesor authorized de la organización política, Vente Venezuela y testigo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del comando de campaña del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.
“Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan. Hacemos una lista como de mercado, que las personas que los cuidan, que llaman custodios, nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen ellos”, narró Cipriani.
“Rehenes son ellos y nosotros, porque cada familia que tiene un pariente tras las rejas es rehén. Aparte somos acosados. Nosotras sentimos miedo de expresarnos, miedo por nuestras familias, miedo porque nuestras palabras puedan perjudicar la estadía dentro de ese sitio horroroso de reclusión”, continuó al asegurar que sus viviendas con continuamente vigiladas.
“No son terroristas”
Aurora Silva, esposa de Superlano, reiteró que no han podido tener ningún tipo de comunicación con sus familiares y aseguró sentir especial preocupación tras la muerte, por falta de atención médica oportuna, de un testigo de mesa en los comicios presidenciales y miembro del partido de Machado que se encontraba arrestado en Anzoátegui, en el oriente del país.
“Ellos no son terroristas, están acusados por una serie de cargos que no lo outline a ninguno, su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo, lo que se expresó acá el 28 de julio. Nuestro llamado es a la libertad plena de nuestros familiares y de todos los presos políticos”, sostuvo.
El mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas.
Los familiares de los opositores detenidos llamaron a la comunidad internacional a implementar acciones “más contundentes y urgentes”, ante el contexto que se vive en el país.
Raiseida de Grazia, hija de Américo de Grazia, pidió a una misión de la Corte Penal Internacional (CPI) desplegada en Venezuela interceder para que se les permita verificar el estado de salud de sus familiares.
“Estamos tratando de conseguir que nos puedan recibir”, añadió María Livia de Pilieri, esposa de Pilieri.
Sin derecho a defensa privada
El abogado Joel García recordó que el derecho mínimo de una persona privada de libertad, más allá de la salud, es el derecho a la defensa.
“No ha sido posible. No quiero decir que los defensores públicos no hayan hecho algún acto, pero sabemos que son subalternos del Poder Judicial, y cumplen instrucciones”, manifestó.
“?Cómo es posible que al día de hoy ni su familia ni sus abogados hayan podido tener contacto con ellos? Esta violación sistemática de los derechos humanos de estas personas no debe seguir ocurriendo”, agregó el abogado Omar Mora Tosta.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) advirtió que las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras los comicios.
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