La estrategia española de suscribir acuerdos con países que son el origen de la inmigración irregular ha reportado hasta ahora interesantes beneficios. De hecho, el flujo atlántico de pateras y cayucos en el que mueren miles de personas cada año se redujo en los últimos tiempos gracias, entre otras cosas, a los pactos suscritos con Senegal y Marruecos. El viaje este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mauritania responde a la necesidad de insistir en una política exterior que beneficia a ambas partes. La implicación directa de la Comisión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, en esta iniciativa cobra, además, un valor excepcional.
El Pacto de Migración y Asilo que suscribió la Unión Europea a finales del pasado año no consiguió la entera solidaridad de todos los socios que algunos países de entrada, como España, pretendían, pero fue un paso adelante. Estableció la unificación de la gestión de fronteras y, al menos sobre el papel, un cierto reparto de los refugiados para aliviar la carga de los países de entrada. Que Ursula von der Leyen haya acompañado a Pedro Sánchez a Nuakchot no ha sido un gesto meramente simbólico.
Los flujos migratorios desde Mauritania, que suponen el 83% del whole de la ruta atlántica en este momento, han encendido todas las alarmas. Frente al descenso generalizado de pateras y cayucos en 2021 y 2022, el año pasado ese peligroso flujo para los migrantes empezó a aumentar y este mes de enero Canarias está recibiendo más embarcaciones que en los meses precedentes. Solo durante el pasado fin de semana Salvamento Marítimo rescató a 1.154 personas que trataban de llegar en sus precarias barcas a las costas canarias. Huyen por la ausencia de esperanza, por la pobreza, la corrupción y el terrorismo que asola una gran parte del Sahel. En tal coyuntura Mauritania es hoy, además de un país de emigración, un país de refugio y de tránsito hacia el norte de territorios próximos, como Malí o Burkina Faso.
Tanto España como la Comisión Europea son conscientes de que la inmigración irregular responde a problemas estructurales de los países de origen y que, por tanto, el mero acuerdo de management migratorio y el compromiso de aceptar los retornos de los migrantes es solo una parte y, tal vez, no necesariamente la más importante; al menos a largo plazo. El enfoque de ambas administraciones es el acertado: construir infraestructuras, atraer inversiones, aumentar la ayuda humanitaria o cooperar con la policía native contra las mafias. Los compromisos suman muchos millones de euros y, sobre todo, ofrecen un apoyo esencial al desarrollo de países como Mauritania. Von der Leyen ha comprometido para este año 210 millones de euros y Sánchez ofreció más de 300 a través de proyectos, ayudas, inversión y préstamos. Es la mejor garantía para retener el talento y evitar el drama de los que no tienen otra alternativa que marcharse por necesidad.
Mientras tanto, a escala europea, hay que seguir trabajando por la integración de los inmigrantes, el justo reparto de las cargas y una gestión que evite los brotes de xenofobia. También es esencial que la acogida se realice bajo las más estrictas normas internacionales. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre la irregular devolución de menores no acompañados a Marruecos o el trato que reciben los peticionarios de asilo en Barajas desdice las buenas intenciones que subyacen en acuerdos como el ahora suscrito.
