En el pacto de investidura suscrito por el PSC y Esquerra Republicana los firmantes abogan por revertir el retroceso en el uso social del catalán (herencia de 12 años de gobiernos independentistas) y para ello se comprometen a aprobar el Pacto Nacional por la Lengua “en el plazo de los 100 primeros días del nuevo Gobierno”. Además, anuncian que las medidas del Pacto se asumirán en el Plan de Gobierno de la Generalitat, y que irá dotado de la correspondiente financiación anual, que en 2025 se prevé de 200 millones de euros.
Hoy se cumplen 153 días de la investidura de Salvador Illa y estamos sin noticias del Pacto. En su primer discurso de Navidad como presidente de la Generalitat Illa trazó una encomiable loa a la paz fraternidad como fundamento de cualquier sociedad, llamó a vivir la diversidad de Cataluña como una riqueza y manifestó su convicción de que 2025 será un año de nuevas esperanzas, pero no dio muchos detalles de las políticas que piensa desplegar su gobierno, ni lingüísticas ni de ningún otro tipo.
Ahora mismo, todo lo que sabemos del Pacto es lo que cube el Plan de Gobierno de la XV legislatura, aprobado el pasado 23 de diciembre. El Pacto se menciona en la página 107 (de 121): la medida 1 del objetivo específico 5.4 es “aprobar el Pacto Nacional por la Lengua”, sin que sea una “medida destacada” de ese objetivo específico, premio que se llevan el Plan estratégico para el aprendizaje de catalán para adultos y el refuerzo del Consorcio para la Normalización Lingüística, medidas que aparecen extrañamente desgajadas del Pacto. Aparte del retraso que lleva el Pacto, su posición en el Plan de Gobierno también genera dudas. En el acuerdo de investidura se parte de la base de que el Pacto es anterior al Plan de Gobierno y que lo que debe hacer el Plan es asumir las medidas del Pacto.
En cualquier caso, merece la pena preguntarse por qué, 153 días después, el Pacto no está aprobado. Hay diversas hipótesis al respecto y ninguna es agradable. Una posibilidad es que el Pacto se haya ligado a los presupuestos y que Illa esté esperando una respuesta conjunta por parte de una Esquerra renuente (y peligrosa: no olvidemos que en 1997 Esquerra votó en contra de la Ley de política lingüística, que seguirá siendo el marco de cualquier pacto lingüístico que se firme). Otra posibilidad es que Junts esté subiendo su precio para subscribir el Pacto, en su afán por distinguirse de Esquerra. Tampoco hay que descartar que Illa esté intentando lo que parece imposible, que es conseguir la firma del Partido Common (no olvidemos que en 1983 los populares votaron a favor de la Ley de normalización lingüística). Tendremos todo el año para saber si la causa de la lengua ha caído en las garras del mercadeo político o si, como dijo Illa en su discurso navideño, los catalanes serán capaces de compartir esperanzas, esfuerzos y optimismo también en el plano lingüístico.
