La petición formal que Colombia hizo en mayo de este año a España para que devuelva el tesoro Quimbaya, una colección de 122 piezas precolombinas de oro que se exponen en el Museo de América de Madrid, se ha encontrado con un espeso muro de silencio. Siete meses después, ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ni el de Cultura, Ernest Urtasun, han contestado a la misiva que les dirigieron sus homólogos colombianos, Luis Gilberto Murillo y Juan David Correa, reclamando el tesoro, en un esfuerzo mucho más decidido por recuperarlo que en ocasiones anteriores en las que se ha tratado el asunto. El Ejecutivo español no quiere abrir un conflicto con el presidente Gustavo Petro por la propiedad de las piezas arqueológicas, pero fuentes gubernamentales señalan que, según un informe de la Abogacía del Estado, la colección no fue expoliada, sino donada al Estado español, por lo que el título de propiedad sobre las mismas es legítimo.
Aunque Urtasun ha abogado por acometer una revisión de los museos nacionales para “superar el marco colonial”, las fuentes consultadas señalan que el tesoro Quimbaya pertenece al patrimonio nacional, por lo que el ministro de Cultura no puede disponer de él. En todo caso, Madrid quiere evitar a toda costa la confrontación con Bogotá y aboga por llegar a un arreglo amistoso que permita, por ejemplo, ceder las piezas a Colombia para una exposición temporal. Esa es la razón, añaden, por la que España no ha contestado todavía a las cartas de reclamación de los ministros de Petro y prefiere explorar conversaciones informales. Aunque fuentes gubernamentales españolas reconocen que la politización del asunto en Colombia puede dificultar la búsqueda de un acuerdo, subrayan que las conversaciones están aún en fase inicial y confían en que el contencioso no acabe en los tribunales. Bogotá, en todo caso, no desiste y ultima ya una nueva misiva de reclamación. “Me siento en la obligación de insistir”, ha señalado a EL PAÍS el ministro Juan David Correa.
La colección que está en el centro de la disputa se compone de 122 piezas arqueológicas (cerámicas, orfebres, líticas y orgánicas) pertenecientes al pueblo de los quimbayas y actualmente está expuesta en el Museo de América de Madrid, uno de los menos visitados de España. Llegó a territorio español en 1892 para que se exhibiera con motivo de las celebraciones del cuarto centenario de la llegada de los españoles a América, y al año siguiente, en 1893, el presidente colombiano Carlos Holguín decidió regalarla a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. Ese regalo lo hizo sin autorización del Congreso, y ese es hoy uno de los argumentos esgrimidos por Colombia para alegar que la donación tiene desde su origen un vicio de nulidad.
El ministro Correa insiste en que “esto no es un capricho”, sino el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de 2017 que obligó a presentar la reclamación. “Fue un regalo espurio, inconsulto, dado unilateralmente sin la autorización del Congreso colombiano”, subraya. “Creo que el Gobierno español lo pediría de regreso, por supuesto, si fuera el caso de uno de sus bienes culturales que se hubiera dado en esas condiciones”, añade. No oculta su incomodidad al no haber recibido “ningún tipo de respuesta” a la misiva fechada el 9 de mayo pasado. La segunda carta en la que reiterará la solicitud a España está en este momento en el despacho del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, quien tiene la competencia para remitirla al Gobierno español.
“No vamos a dejar de insistir, no vamos a dejar de decirle a España que necesitamos una conversación más horizontal”, enfatiza Correa. Para el ministro colombiano de Cultura, la petición debería encontrar tierra fértil “en un Gobierno progresista” como el de España, en el que precisamente Urtasun anunció a principios de 2024 un plan para descolonizar los museos. De hecho, fue ese anuncio el que motivó a su homólogo colombiano a iniciar formalmente la reclamación, algo que no habían hecho los dos gobiernos predecesores, quienes esquivaron el cumplimiento de la sentencia de 2017: el de Juan Manuel Santos (2010-2018) y el de Iván Duque (2018-2022). “El peligro de no tener estas conversaciones es dejar que se apropien del relato cultural las ultraderechas y los extremismos, que esos sí [que] no están dispuestos a aceptar la complejidad de la historia, sino que quieren vender una sola forma de la historia”, sostiene el ministro, en alusión a los carteles de la campaña extremely que circularon en los días previos al pasado 12 de octubre, que presentó como “héroes” y “santos” a los colonizadores.
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