Cuando Donald Trump tome posesión de su cargo el 20 de enero, las deportaciones serán una prioridad. El presidente electo ha prometido las mayores expulsiones de la historia de Estados Unidos, con redadas en los centros de trabajo y la revocación de los programas de libertad condicional. Stephen Miller, su subdirector de Gabinete de Políticas, y Tom Homan, su zar de las fronteras, quieren recurrir a las fuerzas armadas para llevar a cabo esa tarea. Trump ha citado como inspiración la Operación Espalda Mojada, una controvertida campaña llevada a cabo en la década de 1950 que, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, expulsó hasta 1,3 millones de personas.
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¿Qué consecuencias económicas podría tener una política de mano dura a tan gran escala? Según el grupo de estudios Pew Analysis Centre, en 2022 vivían en Estados Unidos unos 11 millones de inmigrantes no autorizados, de los cuales 8,3 millones formaban parte de la población activa. El reciente aumento de entradas significa que la cifra será ahora mayor. Los expertos estiman que puede haber 10 millones de trabajadores no autorizados, lo que representa el 6% de la población activa. Muchos trabajan en la construcción y el campo, así como en restaurantes. Casi la mitad de ellos se concentra en California, Florida, Nueva York y Tejas. Las consecuencias económicas de una deportación de tantas personas (ya sea complete o, de modo más possible, parcial) pueden evaluarse de acuerdo con tres parámetros: empleo, precios al consumo y finanzas públicas.
La agricultura concentra un número importante de los empleos de los inmigrantes ilegales
A menudo se habla de las deportaciones como un beneficio para los trabajadores estadounidenses. Miller, por ejemplo, ha dicho que las expulsiones masivas crearán puestos de trabajo para los estadounidenses y aumentarán los salarios. Que eso sea así dependerá de si la mano de obra inmigrante no autorizada sustituye a la autóctona o la complementa. Las pruebas apuntan a lo segundo. Según un estudio de Chloe East de la Universidad de Colorado, en Denver, y coautores, las deportaciones llevadas a cabo bajo la presidencia de Barack Obama provocaron la pérdida del puesto de trabajo de un autóctono por cada 11 inmigrantes expulsados del país. Un documento del Instituto Peterson de Economía Internacional, un grupo de reflexión, ofrece conclusiones similares. Los autores estiman que la deportación de tan sólo 1,3 millones de trabajadores provocará una caída permanente del empleo del 0,6%. La producción sufrirá un golpe aun mayor.
“Los inmigrantes no autorizados no sólo suministran mano de obra para una demanda fija”, explica Michael Clemens, de la Universidad George Mason, “son un ingrediente essential para la producción.” Al fin y al cabo, alguien debe envasar el marisco para hacer ensaladas de bogavante y cosechar a mano los pepinos destinados a las ensaladas griegas. Sin embargo, los estadounidenses rara vez están dispuestos a aceptar esos empleos a los salarios a los que se ofrecen. Durante la pandemia de la covid-19, el Consejo Nacional de Empresarios Agrícolas realizó una encuesta para averiguar cuántos estadounidenses sin trabajo aceptarían alguno de los casi 100.000 empleos agrícolas estacionales que se anunciaban para trabajadores invitados a través de un programa federal. En el punto álgido de la disaster, sólo hubo 337 solicitantes. Con la tasa de empleo entre los trabajadores autóctonos de 25 a 54 años en su nivel más alto desde hace décadas y el envejecimiento de la población, la escasez de mano de obra no hará sino empeorar.
En Estados Unidos los inmigrantes ilegales ocupan diez millones de puestos de trabajo; expulsarlos puede golpear a la economía pues la mano de obra escasea
Los cuellos de botella en la oferta tienden a hacer subir los precios, pero el impacto varía según el sector. La agricultura es especialmente weak. Un informe del Diálogo sobre Migración de la Universidad de California, en Davis, calcula que casi un millón de los 2,5 millones de trabajadores agrícolas estadounidenses son inmigrantes no autorizados. Dependen sobre todo de ellos, las granjas lecheras y avícolas, que no pueden hacer uso de los visados estacionales para trabajadores invitados. La pérdida de esa mano de obra podría compensarse con un aumento de la automatización, mediante más trabajadores invitados o recurriendo en mayor medida a las importaciones. Según Clemens, Ethan Lewis, de Dartmouth School, y Hannah Postel, de la Universidad de Duke, la exclusión en la década de 1960 de 500.000 trabajadores temporales mexicanos de las explotaciones agrícolas condujo sobre todo a una mayor mecanización. Sin embargo, los robots siguen sin estar a la altura de los humanos cuando se trata de recoger fresas. Por lo tanto, ahora la consecuencia sería un aumento de los costes u otro resultado desagradable para el gobierno de Trump, como un mayor déficit comercial, por ejemplo.
Un millón y medio de inmigrantes no autorizados trabajan en la construcción
También es possible que suban los costes de la vivienda. A diferencia de las empresas productoras de alimentos, que a veces pueden recurrir a la automatización o a las importaciones, las constructoras tienen menos alternativas. Alrededor de 1,5 millones de inmigrantes no autorizados trabajan en el sector, lo que representa una sexta parte de la mano de obra, así como algo menos de un tercio en oficios como la instalación de paneles de yeso, estructuras y techos. La construcción de viviendas ya se encuentra bajo la presión de unos tipos de interés más altos; unas nuevas interrupciones en la cadena de suministro podrían agravar la escasez. Aunque las expulsiones deberían significar una menor demanda habitacional, una investigación reciente de Troup Howard, de la Universidad de Utah, y otros coautores, revela que durante el gobierno de Obama las expulsiones agravaron la escasez de viviendas. El impacto en la oferta de la mano de obra perdida dominó la contracción de la demanda; sobre todo, porque los inmigrantes no autorizados rara vez compran casas nuevas.
Y luego está el coste fiscal. Las deportaciones masivas no sólo reducirán la mano de obra, sino que también tensionarán las finanzas públicas. Los inmigrantes no autorizados no pueden optar a la mayoría de las prestaciones federales directas, como los subsidios del Obamacare, la vivienda pública y los programas de asistencia social. Sin embargo, pese a no poder hacerlo, siguen contribuyendo a las arcas públicas a través de los impuestos sobre las ventas y las nóminas para la Seguridad Social y Medicare. Muchos también satisfacen impuestos indirectamente a través del pago de alquileres.
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Los efectos fiscales de la inmigración van más allá de las contribuciones directas. Los inmigrantes impulsan la oferta de mano de obra y la producción económica, y elevan la renta imponible y los beneficios empresariales. La Oficina Presupuestaria del Congreso previó que el reciente aumento de la inmigración reduciría los déficit federales en 900.000 millones de dólares entre 2024 y 2034 debido al aumento de los ingresos fiscales y el crecimiento económico. Retirar a una gran parte de esos trabajadores recortará la base impositiva al tiempo que dejará intactas las obligaciones de gasto, una receta segura para el desequilibrio de las cuentas.
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Traducción: Juan Gabriel López Guix
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