“Es inconcebible que Marruecos, un país que se dispone a organizar la Copa del Mundo de Fútbol [en 2030], tolere este sufrimiento”, decía el pasado septiembre Said Ait Mehdi, de 32 años, ante los restos de su casa en una aldea del Alto Atlas, arrasada un año antes por un terremoto que causó casi 3.000 muertos y dañó cerca de 60.000 viviendas. Ait Mehdi, presidente de la Coordinadora de Víctimas del Seísmo, fue detenido en diciembre y ha sido condenado esta semana a tres meses de cárcel por “difamación”, tras haber sido denunciado por tres funcionarios a quienes había criticado en las redes sociales por la lentitud de su gestión en las ayudas a los damnificados del terremoto. También en diciembre, el activista propalestino Ismail Ghazaui fue sentenciado a un año de prisión por “incitación delictiva mediante medios electrónicos”, tras cuestionar en medios sociales la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos en plena guerra de Gaza. Ghazaui participó en acciones de protesta por el atraque en el puerto de Tanger Med de buques sospechosos de transportar armamento con destino al ejército israelí.
“Ait Mehdi y Ghazaui están en prisión por criticar las políticas del Estado, a pesar de que se trata de activistas pacíficos y de que sus declaraciones se amparan en el derecho a la libertad de expresión”, advierte Jadiya Ryadi, líder histórica de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “Desafortunadamente, no son los únicos perseguidos por expresar sus opiniones en Marruecos, que está sufriendo una regresión en materia de libertades civiles”, sostiene esta veterana dirigente de la izquierda del país magrebí y activa militante feminista. “La independencia de la justicia no está garantizada, y el Estado utiliza el sistema judicial para acallar las voces disidentes”, argumenta.
Urgente reconstrucción
El campesino del Atlas Ait Mehdi, que trabajó como cocinero en Casablanca para poder sostener a su familia, ha organizado concentraciones públicas ante la sede del Parlamento en Rabat y protestas ante los gobiernos provinciales para reclamar la urgente reconstrucción de las viviendas destruidas por el seísmo de 2023. Su liderazgo al frente del movimiento de damnificados le ha enfrentado con responsables locales, a quienes ha achacado una mala gestión en las tareas de reconstrucción de las poblaciones afectadas.
El Gobierno reconoció el pasado septiembre, un año después del seísmo, que solo había construido un millar de nuevas casas. A comienzos de diciembre, aseguró que se habían concedido 57.000 licencias de obra para la reconstrucción y que más de 35.000 viviendas “han sido reedificadas o están en curso de rehabilitación”. Para ello, Marruecos cuenta con un programa de ayudas de 11.000 millones de euros destinado a seis provincias durante cinco años, de los que más de 700 millones han sido entregados ya a las familias damnificadas, según un comunicado oficial.
En un mensaje en Fb citado por la agencia Efe, el presidente de la Coordinadora denunciaba “las dolorosas y degradantes condiciones en las que viven las víctimas en tiendas de plástico desde hace más de un año”. Una ola de frío con temperaturas mínimas por debajo de los cero grados está azotando esta semana la provincia de Al Ahuz, epicentro del seísmo de 2023 donde reside Ait Mehdi, y otras regiones afectadas en las montañas del Atlas.
Ait Mehdi perdió en el terremoto a su tío y a un sobrino, con quienes compartía casa. Otros dos familiares fueron rescatados con vida entre los escombros. “Vivimos en una disaster materials y psicológica permanente”, sostenía en septiembre pasado, “y varios vecinos estamos excluidos de las ayudas a la reconstrucción”.
Un prefecto y dos funcionarios auxiliares, uno de los cuales denunció haber sido agredido, le acusaron de “difamación, ofensas y difusión pública de imputaciones falsas que atentan contra la vida privada”. Otros dos miembros de la Coordinadora de Víctimas del Seísmo encausados junto con el presidente, cuyo abogado ha anunciado que recurrirá el fallo condenatorio, han sido finalmente absueltos.
Solidaridad con Gaza
Además de la condena al militante propalestino de Casablanca Ismail Ghazaui, otros 13 activistas marroquíes fueron sentenciados a finales de diciembre a seis meses de cárcel por organizar una “protesta no autorizada” ante un supermercado Carrefour en Salé (ciudad colindante con Rabat). Todos son miembros del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y contra la Normalización. Boicotearon el acceso al establecimiento comercial tras haber denunciado que la franquicia de la cadena francesa en Israel estaba suministrando gratuitamente alimentos a los soldados que combatían en Gaza. El cumplimiento de su condena de prisión está cautelarmente suspendido. Ghazaui sí permanece en la cárcel desde noviembre, a la espera de la apelación de su sentencia. La denominada Instancia de Apoyo a los Presos Políticos ha cuestionado “la decisión arbitraria de reprimir la libertad de expresión” por expresar rechazo al mantenimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos.
“Hay detenidos por delitos de opinión que no fueron liberados el pasado julio [con motivo del indulto por los 25 años de reinado de Mohamed VI]”, recuerda Jadiya Ryad, quien, entre otros, cita el caso del exministro Mohamed Ziane, nacido en España hace 81 años, que cumple varias condenas de cárcel desde noviembre de 2023. Ese mismo año difundió un vídeo en las redes sociales en el que criticaba “las ausencias de Mohamed VI” de Marruecos por desentenderse presuntamente de los asuntos del reino, y reclamaba la abdicación del monarca en favor de su hijo, el príncipe heredero Hasán, de 21 años. “No ha habido una voluntad de cambio en la política represiva del Estado”, señala la dirigente de la AMDH. Y remarca: “Los periodistas y blogueros presos fueron excarcelados bajo presión internacional, como la ejercida por el Parlamento Europeo”.
El pasado noviembre, un tribunal de Rabat condenó al periodista Hamid el Mahdaui, director del portal digital badil.info, a 18 meses de cárcel y al pago de una indemnización de 140.000 euros tras haber sido acusado de difamación por el ministro de Justicia, Mohamed Uahbi, a consecuencia de una serie de publicaciones en las que se le vinculaba con presuntos casos de corrupción. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha tachado la decisión de “arbitraria”. “Se reducen las esperanzas de una mejora de la libertad de prensa después del indulto real de julio de 2024″, advierte RSF. “Condenar a un periodista solo por ejercer su profesión es una señal alarmante”, concluye la ONG internacional, que sitúa a Marruecos en el puesto 129 en su calificación sobre libertad de prensa entre 180 países.
