La política antiinmigración de Donald Trump muestra el verdadero espíritu de su Administración. Basadas en una mezcla de racismo y falsedades, las medidas adoptadas en este primer mes de gobierno suponen un ataque frontal contra un colectivo clave para EE UU al que se pretende privar de sus derechos fundamentales. Más allá de los habituales debates sobre la inmigración, Trump ha alentado una oleada de odio que se ha materializado en redadas indiscriminadas y que ha legitimado institucionalmente los peores instintos de la ultraderecha xenófoba.
Entre esas medidas figura la eliminación del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para medio millón de haitianos y cerca de 350.000 venezolanos. Esa situación, introducida por EE UU en los noventa, ofrece a determinadas comunidades de extranjeros la posibilidad de tramitar un permiso temporal en virtud de la profunda inestabilidad de sus países de origen. La supresión de este estatus deja en la estacada a cientos de miles de personas vulnerables. En abril caduca la protección de la que gozaban los venezolanos acogidos a este programa y en agosto la perderán los haitianos, que huyeron de la espiral de violencia que asfixia al país caribeño. A partir de entonces, se enfrentarán a una possible deportación. La decisión de Trump lanza una clara advertencia: nadie está a salvo. Ni siquiera los que abandonaron Venezuela por la persecución del chavismo. Las primeras semanas de gestión de Trump han dejado claro que el magnate quiere evitar el choque con Maduro, como ocurrió durante su primer mandato, y los dos Gobiernos se encaminan hacia la tolerancia mutua. El dirigente bolivariano está encantado de recibir de vuelta a los migrantes, aunque antes de ser deportados sean encerrados en la base de Guantánamo, empleada para detener a acusados de terrorismo tras el 11-S.
Este giro ha sembrado el desconcierto en los sectores de la oposición que confiaban en Trump y que, especialmente en Florida, le ayudaron con su voto a volver a la Casa Blanca. La Alianza Nacional TPS, un organismo integrado por salvadoreños que se unieron para oponerse a una medida comparable, ya ha presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional. Pero el mandatario, que durante la campaña criminalizó a los migrantes, especialmente a los haitianos —los acusó de comer mascotas— y a los venezolanos, no parece dispuesto a ceder.
Los datos, sin embargo, desmienten su populismo securitario. Las detenciones indican que más del 40% de los expulsados hasta mediados de febrero no tenían antecedentes penales. Y la crueldad de las medidas tampoco se compadece, de momento, con los números, ya que el Gobierno expulsó en su primer mes a 37.000 personas, un 3% menos que el promedio mensual del último año. La eliminación del TPS es un paso para que esas deportaciones se conviertan en “masivas”, como prometió el republicano.
