Este texto pertenece a ‘Política’, el boletín que Lola García envía cada jueves a los lectores de La Vanguardia. Si quieres recibirlo en tu buzón, apúntate aquí.
El verano pasado se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para transferir las competencias y recursos para la concesión de becas de estudio. Casi un cuarto de siglo llevaba el nacionalismo catalán reclamando ese traspaso, cuyo desenlace ha pasado desapercibido. Hoy, Junts espera que antes de ultimate de año se haga realidad la cesión de las competencias en inmigración, un compromiso que se anunció en enero pasado. Es el “pago por adelantado” que tanto pregonó Carles Puigdemont cuando se decidió a negociar con el PSOE.
“Muevan el culo, hagan el trabajo y paguen lo que deben a los catalanes”, clamó ayer Míriam Nogueras en el Congreso. “No tienten a la suerte con Junts, nosotros no nos pegamos faroles”, añadió, fiel reflejo del enfado de Puigdemont. El ex presidente de la Generalitat firmó con el PSOE un acuerdo para investir a Pedro Sánchez y, transcurrido un año, en el steadiness que hizo esta semana, el líder de Junts se lamentó de los incumplimientos socialistas y anunció que presentará una iniciativa para votar en el Congreso si el presidente del Gobierno debe someterse a una cuestión de confianza que evalúe si cuenta con los apoyos necesarios para seguir en la Moncloa o no.
En este año Puigdemont esperaba que se hubiera materializado la aplicación de la ley de amnistía, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas o el traspaso “integral” de la política migratoria, entre otras reclamaciones. El Gobierno ha movido ficha en las dos primeras cuestiones, pero no se han llegado a ejecutar porque no dependen solo de su voluntad. En el tercer caso, ambas partes anunciaban un pacto inminente que se hace esperar porque lo que ofrece el Gobierno se parece más al traspaso de las becas que a la cesión de la capacidad para decidir sobre los flujos de inmigrantes y las condiciones para trabajar o residir en Catalunya, como pretende Junts.
En el fondo, el PSOE creyó que la amnistía garantizaba el apoyo de Junts para buena parte de la legislatura
El Ejecutivo prevé una delegación de competencias a la Generalitat para que gestione los permisos de trabajo y residencia, pero en ningún caso transferir el management de fronteras o la política migratoria en common, que es justo lo que Puigdemont exige, aunque en el inconceivable caso de que Sánchez se lo concediera, acabaría impugnado en el Tribunal Constitucional. El problema reside en qué interpretó cada parte que period posible bajo el enunciado de traspaso “integral”. En el Gobierno consideran que los Mossos también son una “policía integral”, pero las fronteras y otras tareas continúan en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Así las cosas, el balance del primer año de colaboración convulsa entre el PSOE y Junts se salda de forma insatisfactoria para Puigdemont. En el fondo, los socialistas siempre consideraron que el meollo del acuerdo de investidura period la aprobación de la ley de amnistía y que el resto resultaba secundario. De hecho, creen que el ex presidente de la Generalitat no romperá la baraja mientras esté pendiente de que el Tribunal Constitucional valide la ley de amnistía para que pueda aplicarse y eso calculan que no será antes del próximo verano. Y no sería la primera vez que el alto tribunal, ahora con mayoría progresista, retrasa a conciencia la discusión de un asunto espinoso. Si gobernara el PP, sobre todo si es con el apoyo de Vox, la mayoría del Constitucional puede cambiar y la amnistía entraría en terreno incierto.
Pero visto desde el lado del líder de Junts, reducir el acuerdo a la amnistía es tanto como asimilarse a ERC, a la que siempre ha acusado de venderse por un plato de lentejas, en este caso los indultos. Por supuesto que Puigdemont anhela la amnistía, pero necesita revestir ese logro de otros hitos que enmarquen el relato de exigencia máxima con el PSOE que apoyó la aplicación del 155. Se trata de dar sentido a las decisiones que ha tomado Puigdemont en los últimos años, incluida la de instalarse en Bélgica. Además, Junts no gobierna en Catalunya y los socialistas constituyen sus principales rivales. Dar oxígeno a Sánchez es dárselo también a Salvador Illa.
La iniciativa para pedir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza permite a Junts ganar algo de tiempo para que se cumplan algunas de sus reclamaciones antes de abrir el melón de los Presupuestos. Por eso, si el PSOE la rechaza de entrada a través de la Mesa del Congreso y no llega siquiera a debatirse, situará a los postconvergentes casi al borde de la ruptura. Si, por el contrario, se tramita y se discute en el Congreso (sea en comisión o en pleno), ese debate se situará en el calendario de aquí a dos o tres meses, lo que permite un margen para avanzar en las negociaciones que están sobre la mesa. Se da más tiempo, pero al mismo tiempo se traza un “deadline”.
Puigdemont maneja muy personalmente la estrategia a seguir en Junts. Anunció la iniciativa sobre la cuestión de confianza el lunes en una comparecencia pública después de reunirse con la ejecutiva del partido a la que ni siquiera comunicó esa decisión, fiel a un estilo hermético y desconfiado. A los dirigentes de la formación solo les explicó que no se estaban cumpliendo los acuerdos y que period necesario marcar “un punto de inflexión”.
En efecto, la iniciativa presentada por Junts supone votar si Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza. Aunque eso no obliga al presidente a hacerlo, quedaría en evidencia que no cuenta con respaldo parlamentario suficiente para gobernar. Sería un examen para Sánchez. De suspenderlo, le dejaría políticamente en puertas de unas elecciones. Hasta ahora Junts ha declinado apoyar una moción de censura del PP, pero esta vía sería también un golpe para el Gobierno.
Puigdemont siempre ha recurrido a la cuestión de confianza cuando ha querido dar un golpe en el tablero político y mover las piezas. Nada más llegar por primera vez a la presidencia de la Generalitat en 2016, logró mantener el apoyo de la CUP gracias a una moción de confianza en la que prometió un referéndum para el siguiente año, que acabó con la declaración unilateral de independencia y la intervención de la autonomía catalana. Ya en 2022, Junts, que gobernaba con ERC la Generalitat, pidió al president Pere Aragonès que se sometiera a una moción de confianza, lo que llevó a la ruptura y la salida de los consellers postconvergentes del Ejecutivo catalán.
Si nos atenemos a esos precedentes, difícilmente Puigdemont dará su sí a los presupuestos, ni siquiera aunque éstos resulten económicamente beneficiosos para Catalunya. Si Sánchez quiere aprobar las cuentas, tendrá que abordar no solo la cesión de recursos por diferentes vías, sino quizá también asumir en persona un mayor protagonismo para lograr que el catalán obtenga un mayor reconocimiento en la UE, pronunciar alguna declaración en favor de la aplicación de la amnistía que vaya más allá de lo dicho hasta ahora, conceder escolta a Puigdemont en Bélgica, acordar el traspaso de la inmigración o varias de estas cosas al mismo tiempo. Y todo ello para allanar el terreno con Junts. Con ERC, a partir del sábado, se abrirá otro capítulo.
Punto y aparte
Podemos y la “pinza” de Anguita
La aprobación de los presupuestos y la gobernabilidad no dependen en estos momentos solo de los independentistas, sino también de la insomne competencia entre Sumar y Podemos. Estos últimos han puesto como condición para dar el sí a las cuentas dos requisitos muy difíciles de conseguir: que el Gobierno rompa relaciones con Israel y que se rebaje un 40% los alquileres por ley. Para reforzar su posición, la dirección de Podemos obtuvo el plácet de las bases en una consulta interna en la que se ratificaron esas exigencias.
Podemos ha acentuado en los últimos tiempos la crítica al PSOE para aprovechar que Sumar tiene que mantener una posición más conciliadora con los socialistas dado que comparten el Consejo de Ministros. La obsesión por censurar al PSOE se percibe en las entrevistas que estos días está concediendo Irene Montero con motivo de la presentación de su libro “Algo habremos hecho”, sobre su biografía política y sobre todo su paso por el Ejecutivo como ministra de Igualdad.
Habrá que ver hasta qué punto esta estrategia de Podemos se traslada a las votaciones concretas en el Congreso. Salvando las distancias, en el discurso recuerda bastante a la Izquierda Unida de Julio Anguita, quien no tuvo reparos en coincidir con el PP en los años 90 en lo que se bautizó como “la pinza” y que él justificó por los casos de corrupción que afectaba entonces al Gobierno de Felipe González. Pablo Iglesias siempre se declaró admirador de Anguita.
