Hay fumata blanca. Después de más de un año de negociaciones, el PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo que se oficializará de manera “inminente” sobre la delegación de competencias migratorias a la Generalitat comprometida en su día por el Gobierno a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Carles Puigdemont en el Congreso. El pacto, adelantado por la televisión autonómica catalana y confirmado por elDiario.es, será registrado previsiblemente esta semana en el Congreso en forma de Proposición de Ley.
Por el momento, ni los socialistas ni Junts adelantan el contenido del acuerdo, que en las últimas semanas había encallado por la exigencia independentista de que el management de fronteras recayera de manera exclusiva en los Mossos d’Esquadra, algo que desde la Moncloa y desde el ministerio del Inside se calificó en su día como “fuera de la Constitución”. Junts también aspiraba a que la policía catalana se encargara de ahora en adelante tanto de la emisión de documentación de identidad para las personas extranjeras como de los procesos de expulsión, dos aspectos que rechazaban también los socialistas.
Según adelantó este periódico, el Gobierno trabajaba desde hace meses en la elaboración de una ley orgánica sobre gestión migratoria en la que han estado implicados hasta cinco departamentos ministeriales: la Vicepresidencia Primera, Inside, Exteriores, Inmigración y Presidencia. Según las fuentes consultadas al corriente de esa negociación, ese texto abrirá la puerta a que las Comunidades Autónomas que lo requieran, y no solo Catalunya, puedan asumir competencias en materia de acogida e integración de personas inmigrantes llegadas a cada territorio. Algo que el Ejecutivo defiende, además, como un “paso lógico” para que los servicios sociales de zona dependientes de ayuntamientos y comunidades autónomas tengan más peso en el proceso de inclusión social de estas personas.
También se ha negociado que ese texto incluya alguna fórmula que contemple que los Mossos d’Esquadra, un cuerpo policial que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puedan participar en labores de acompañamiento durante algunas operaciones fronterizas muy concretas. O que incluso estos puedan emitir informes preceptivos sobre posibles expulsiones, aunque en todo caso con las competencias estatales intactas para ministerios como el Inside o el de Asuntos Exteriores.
Desde el Ejecutivo han recordado durante la negociación que la legislación europea de fronteras se encuentra bajo el paraguas del Espacio Schengen, un acuerdo de libre circulación entre 29 países europeos por el que quedan suprimidos los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países). Algo parecido a lo que ocurre con la gestión de las expulsiones, auspiciadas en la mayoría de casos en acuerdos bilaterales entre estados con países de origen para poder llevar a cabo la repatriación.
