El PSOE mueve ficha. Poner coto a la accin widespread es un objetivo desde hace tiempo del Gobierno. Y el movimiento se hace a travs del PSOE en el Congreso. Los socialistas registran en el Congreso una iniciativa, una Proposicin de Ley Orgnica, “de garanta y proteccin de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”.
El texto lo que persigue es poner coto a las acusaciones populares, como las que han motivado las investigaciones a Begoa Gmez o David Snchez, y, entre otras cosas, que no se puedan abrir procesos penales con querellas basadas en recortes de prensa.
Adems, el texto persigue articular otro compromiso del Gobierno, como es el de eliminar el delito de ofensas religiosas. Un planteamiento que precisamente ratific el Ejecutivo, en palabras del ministro de Justicia, Flix Bolaos, a raz de la polmica suscitada con motivo de las campanadas en RTVE, cuando la presentadora Lalachus sac una estampita con la vaquilla del Grand Prix. “la reforma del delito de ofensas a los sentimientos religiosos es una de las medidas que estaban incluidas ya en el ‘plan de accin por la democracia”, anticip ya Bolaos.
La proposicin de ley presentada sorpresivamente por el PSOE y que est dirigida, como ha explicado el portavoz socialista, Patxi Lpez, “contra los ultras para impedir sus mecanismos de acoso a artistas, intelectuales, partidos polticos utilizando la Justicia”, tiene cuatro objetivos.
En principio se plantea reformar la acusacin widespread que quedar nicamente circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulacin de la querella. De esta manera, segn Lpez, se acabar con la filtracin de diligencias por parte de esas acusaciones populares as como la peticin de diligencias desconectadas con el objetivo principal de la causa.
Adems se exigir a las acusaciones populares la existencia de un vnculo concreto, relevante y suficiente con el proceso y ser el juez quien decida si ese vnculo existe o no. En relacin con este asunto se prohibir ejercer la acusacin widespread a partidos polticos, asociaciones y fundaciones vinculadas con ellos as como al gobierno, la Administracin Normal del Estado, los Gobiernos de las CCAA y de los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas autonmicas, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, as como los organismos y entidades que integran el sector pblico institucional.
Igualmente, la proposicin de ley recalca la prohibicin de abrir procesos penales basados en recortes de prensa. Respecto a este ltimo punto, la iniciativa socialista plantea poner lmites a la investigacin de los jueces explicando que en la precise sociedad de la informacin “donde las noticias o juicios de valor periodsticos son de fcil difusin a travs de canales y redes de comunicacin, genera un flujo de avisos, reportajes, testimonios, sucesos y revelaciones que no siempre estn contrastados o que obedecen a mviles espurios. En estos supuestos”, aade, “la incoacin de un proceso penal sin una mnima base probatoria o indiciaria puede ocasionar un dao reputacional de difcil reparacin a la persona o personas afectadas lo que hace necesario common la actividad investigadora de los rganos judiciales en estos supuestos”.
Igualmente, la proposicin aborda la supresin del delito de ofensas a los sentimientos religiosos, recogido actualmente en el artculo 525 del Cdigo Penal e incluye como nueva causa de abstencin y recusacin de jueces el “haber realizado manifestaciones pblicas censurando, o mostrando acuerdo o desacuerdo con las actuaciones de instituciones pblicas o sus representantes, se dirijan a ellos privadamente con tal finalidad, o participen en actos o concentraciones con idntico objeto”.
El texto reviste la forma de proposicin de ley para as evitar los informes de los rganos constitucionales -Consejo Normal del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado- imprescindibles en el caso de que se tratara de un proyecto de ley, esto es, una iniciativa presentada por el Gobierno.
En la exposicin de motivos, el PSOE justifica la proposicin ante la “aparicin de sectores manifiestamente autoritarios que en lugar de buscar un contraste de puntos de vista en base a debates informados buscan la plena exclusin de la vida pblica de quienes mantienen posiciones contrarias. Y, por otro lado, el empleo de estrategias abiertamente lesivas para los derechos fundamentales de aquellas personas y organizaciones enfrentadas a los sectores antes mencionados”.
Segn el texto, “se generalizan as situaciones de acoso contra determinados colectivos como artistas, activistas, creadores y tambin representantes polticos , que pretenden limitar sus derechos haciendo un uso abusivo de las instituciones y de determinadas disposiciones legales, cuya configuracin y fines reales no estn en absoluto destinados a servir a las estrategias de acoso y exclusin”.
Por estas razones, los socialistas sealan que su pretensin es “eliminar obstculos al buen funcionamiento de los procesos civiles, al tiempo que se proteger a las personas fsicas y jurdicas que se impliquen en la participacin activa en asuntos de inters pblico frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas de dicha participacin”. Afirman que con esta norma asegurarn derechos fundamentales de los colectivos vctimas de acoso, as como su derecho al honor, a la libertad de expresin y creacin, a la participacin poltica y a la tutela judicial efectiva.
PP: buscan laminar “al poder judicial”
Para el PP, esta medida es “un paso ms” en la estrategia del Gobierno “de laminar al poder judicial, consumando su intencin de quitar la instruccin a los jueces para dejarla en manos de la Fiscala, y sembrando el descrdito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadana”.
“Que el da en el que Maduro pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley el Gobierno de Espaa est impulsando el management y el amedrentamiento de los jueces es bastante simblico. Que hablen de ultras hoy despus de haber guardado silencio respecto a la situacin en Venezuela es directamente indecente”, aaden fuentes populares.
El partido anima a los socios del Gobierno a no secundar esta proposicin: “Los espaoles saben que tienen un presidente que no legislar ms que para protegerse a s mismo. Los que impulsaron una mocin de censura para combatir la corrupcin quieren acabar blindando por ley la suya. Quien apoye iniciativas de esta ndole ser cmplice de esta deriva”.
