El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Oscar López, ha dado el primer paso para common en la ley el acceso a la jubilación parcial de los funcionarios, una cuestión a la que se comprometió recientemente con los sindicatos CC OO y UGT. Lo ha hecho a través de una de las 37 enmiendas presentadas este miércoles por el Grupo Parlamentario Socialista, en cuya redacción, como es recurring, ha participado el ministerio, para modificar la futura Ley de Función Pública. Entre estas se incluye otra propuesta para ampliar de los 70 a los 72 años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios. El resto de grupos han presentado también sus propuestas para la norma, que deberá continuar ahora su tramitación parlamentaria ya que el plazo de enmiendas terminaba este miércoles.
La jubilación parcial es una modalidad de retiro prevista actualmente por la ley para todos los asalariados, incluido el private laboral de las Administraciones, pero no para el private funcionario. Permite compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Por eso, de salir adelante las enmiendas de la ley, los funcionarios recuperarán la posibilidad de jubilarse anticipadamente, algo que podían hacer hasta que en 2012 el Gobierno del PP lo prohibió para este colectivo.
“El objetivo de esta reforma es igualar al sector privado en la posibilidad de transitar entre la vida activa y el retiro, garantizando el traspaso de conocimientos entre generaciones”, explican en el Grupo Socialista. Para retomar este tipo de jubilación se proponen modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Basic de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Además, de aprobarse en los términos propuestos por el PSOE, la regulación de la jubilación parcial para estos trabajadores recogerá como novedad la figura del relevista (que suplirá las horas que no haga el jubilado parcial) y que, por primera vez tendrá que ser también funcionario de carrera.
La futura Ley de Función Pública recogerá también, según las enmiendas socialistas, la ampliación de la edad a la que se tienen que jubilar forzosamente los trabajadores, pasando de los actuales 70 años a 72. De esta forma se alarga dos años el periodo en el que los funcionarios pueden seguir trabajando, siempre voluntariamente. Las prórrogas en el servicio activo se concederán por el periodo de un año hasta los citados 72 años y, si no hay respuesta expresa, se entenderá que se aprueba la prolongación del funcionario en su puesto. Esto responde a la demanda de varios colectivos que han demandado elevar la edad en la que pueden seguir en activo, entre ellos los médicos, jueces o profesores universitarios.
Entre las 37 enmiendas socialistas hay también otras orientadas a mejorar la conciliación y los cuidados familiares del colectivo de funcionarios. En esta materia, se ha presentado una propuesta de modificación authorized para que el permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de hijo, hija o menor acogido (hasta el momento en que el menor cumpla ocho años) sea retribuido en dos semanas, cumpliendo con la Directiva europea en materia de conciliación.
Si finalmente saliera adelante la retribución del permiso, se produciría una diferencia con el sector privado, donde no se aplica esto. Ello a pesar de que el Gobierno, y en concreto la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, ha anunciado reiteradamente el compromiso de que se abonen también esas dos semanas en las empresas. Otra de las enmiendas propone la acumulación del permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales.
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