El PP ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicio Público de la Justicia, porque la norma incluye la cesión de competencias sobre la labor de “funcionarios con habilitación nacional”. El Grupo Parlamentario Fashionable considera que dicha “cesión al PNV” es inconstitucional porque “atribuye a la comunidad autónoma competencias exclusivas del Estado”. La impugnación expone que esta reforma supone una “fractura” en la uniformidad de funcionarios de la administración native con habilitación de carácter nacional, como son los secretarios, tesoreros o interventores municipales.
El recurso expone que en estos extremos la Ley de Servicio Público de la Justicia atenta contra el régimen de distribución de competencias contemplado en el artículo 149.1.18 de la Constitución, sobre las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas. Añade que la reforma pone asimismo en cuestión las posibilidades previstas en la Ley Elementary para “ceder, encargar, delegar o habilitar competencias estatales a las autonomías”. El PP sostiene que el cambio se efectúa “de tapadillo” y sin una exposición que lo justifique, lo que “vulnera la jurisprudencia del Constitucional”.
La impugnación se basa también en el criterio de que la nueva legislación quiebra la igualdad de los funcionarios públicos, puesto que “afecta indebidamente al derecho elementary a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos”. Por otro lado, los recurrentes concretan que se vulnera la jurisprudencia del órgano de garantías porque se ceden al País Vasco competencias que son exclusivas del Estado, lo que supone que el Gobierno provoque una “fractura o destrucción del carácter uniforme de la Escala de funcionarios de la Administración Native con habilitación de carácter nacional”.
El Partido Popular considera que la atribución de funciones que son propias del Estado a una comunidad autónoma “no garantiza el mismo trato a todos los funcionarios” porque la autonomía podría exigir requisitos diferentes para el acceso o la promoción en determinados puestos. Se trataría, en suma, de la ruptura “abrupta e injustificada” de una regulación que —añade la impugnación— se ha mantenido vigente en España durante más de un siglo, pese a los diferentes regímenes políticos. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado a este respecto que “el Gobierno vuelve a hacer trilerismo político, colando un cambio authorized inconstitucional para dar una nueva cesión a sus socios”.
El recurso se apoya asimismo en que el Constitucional ya frenó una iniciativa comparable el año pasado. El PP cita en este sentido que el órgano de garantías rechazó una disposición de este tipo “después de que el Gobierno intentase incluirla en los Presupuestos Generales del Estado de 2022″. Se matiza, en todo caso, que el tribunal anuló esta normativa por no guardar vinculación con las cuentas públicas, pero no se pronunció sobre el resto de motivos sobre la supuesta invalidez de la reforma, que fue recurrida por los colegios profesionales y por el Tribunal Superior del País Vasco.
