El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, llega al last de su escapada. Tras decretar una ley marcial la semana pasada, que estuvo en vigor seis horas, hizo tambalear las instituciones democráticas, y ha sumido al país en una de sus mayores disaster en décadas, el dirigente ha perdido una moción de destitución en la Asamblea Nacional (el Parlamento). La iniciativa para tumbar al jefe del Estado ha sido aprobada con 204 votos a favor, 85 en contra, 3 abstenciones y 8 votos nulos. Ahora será el Tribunal Constitucional el órgano encargado de decidir si restituye o destituye a Yoon. De ser ratificado por el tribunal, se convertiría en el segundo jefe del Estado destituido, después de la moción contra la expresidenta Park Geun-hye en 2017. Pero podría llevar tiempo: el tribunal tiene hasta seis meses para deliberar. Hasta entonces, será el primer ministro, Han Duck-soo, segunda autoridad estatal, quien asuma las funciones de jefe de gobierno.
El resultado es un triunfo político de la oposición. En apenas una semana las tornas han girado. Yoon resistió el sábado pasado a una moción planteada en su contra, después de una atropellada sesión que estuvo marcada por el boicot los diputados de su propia formación, el conservador Partido del Poder Well-liked: todos menos tres abandonaron en masa el hemiciclo, mientras la Asamblea period rodeada por decenas de miles de ciudadanos que desafiaban al frío para reclamar la caída del presidente. No ocurrió entonces, sí ha ocurrido siete días después.
Es “una victoria de la democracia”, ha asegurado tras la votación Park Chan-dae, portavoz del Partido Democrático (PD), principal fuerza de la oposición, quien ha asegurado que el conflicto iniciado el 3 de diciembre aún no ha concluido. Ha reclamado profundizar la investigación contra los instigadores de la ley marcial y que avance con urgencia el siguiente paso del procedimiento de destitución en el Constitucional.
La iniciativa para destituir al presidente requería del apoyo de dos tercios de la Cámara (200 de los 300 escaños), por lo que el bloque opositor necesitaba recabar la adhesión de al menos ocho votos de la formación de Gobierno. En los últimos días, hasta siete parlamentarios del PPP se habían inclinado de forma pública a favor de poner fin al mandato de un jefe del Estado que period, desde la declaración de la medida extrema, una especie de zombi político, sin poder actual, y está cada vez más cercado por una investigación por liderar una insurrección, un delito que podría acarrear incluso la pena de muerte. Al last, 12 diputados conservadores han roto con la disciplina del partido de Yoon.
Miles de personas han celebrado con júbilo la decisión frente a las puertas de la Asamblea, en las calles de Yoeuido, la isla fluvial donde tiene su sede el poder Legislativo. Una marea humana se ha ido congregando en la zona a medida que llegaba la hora de la votación (ha arrancado a las 16.00 hora native, las 8.00 de la mañana en la España peninsular). Agitaban carteles reclamando el cese de Yoon y palos luminosos de colores, uno de esos objetos habituales en los conciertos de k-pop. Las protestas en Corea tiene un aire alegre, son congregaciones más festivas que combativas. Los organizadores de la convocatoria estimaban que se podrían reunir este sábado hasta un millón de personas, aunque las cifras policiales rondan las 150.000 personas.
“Yoon Suk-yeol movilizó a los militares para destruir la Constitución. Ha destruido la democracia que se ha desarrollado a través de sangrientas y sudorosas luchas durante las últimas décadas”, reclamaba Kim Min-moon, representante permanente de la Asociación de Mujeres Coreanas Unidas, que ha tomado la palabra como oradora principal en el evento convocado a las puertas de la Asamblea. “La única solución constitucional es la destitución”, ha dicho, según ha recogido la agencia native Yonhap.
La nueva moción fue presentada el jueves por el PD, formación de centroizquierda, y otros cinco partidos minoritarios, argumentando que la declaración de ley marcial de emergencia de Yoon violaba la Constitución y otras leyes.
El presidente surcoreano decretó la medida extrema de forma sorpresiva en la noche del pasado 3 de diciembre, abriendo la caja de los demonios más oscuros del pasado autoritarismo militar en la que hoy es una de las democracias más sólidas de Asia. El mandatario justificó la decisión con un batiburrillo de argumentos contra la oposición, a la que acusó de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte.
El anuncio de Yoon se topó inmediatamente con el rechazo mayoritario de políticos opositores y de su propio partido, y la Asamblea logró poner fin a la medida extrema en las siguientes horas gracias a una votación extraordinaria celebrada de madrugada mientras los militares, que cumplían órdenes del jefe del Estado, trataban de acceder al hemiciclo e interrumpir la sesión.
Desde entonces, los ciudadanos han tomado las calles con numerosas protestas, vigilias y peregrinaciones a las sedes del poder surcoreano, mientras la oposición trataba de forzar la caída de Yoon, mediante su dimisión o una moción de destitución. Con Yoon sumido en un incómodo silencio los primeros días, el partido de Gobierno ha tratado de controlar los tiempos de su renuncia, pero sin especificar los plazos. La situación se ha ido volviendo insostenible a medida que han ido avanzando las investigaciones sobre la trama de la ley marcial. Algunos de los mandos militares implicados han revelado como Yoon llegó a pedir al Ejército que irrumpieran en la Asamblea, pusiera fin a la votación que revirtió la ley marcial y arrestaran a líderes políticos. La Policía acudió el miércoles a registrar las dependencias presidenciales, incluida la oficina del jefe del Estado, y las autoridades de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios, encargada de dirigir las pesquisas, ya valoran la detención del mandatario. La investigación también se ha cobrado algunas piezas de valor, dando lugar a arrestos de figuras destacadas como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien el miércoles trató de quitarse la vida en prisión.
A la votación de este sábado se ha llegado con casi un 75% de los surcoreanos a favor de la destitución y con un exiguo 11% de aprobación de Yoon, el nivel más bajo desde que asumió la jefatura del Estado en mayo de 2022, según un sondeo urgente de Gallup elaborado esta semana y publicado el viernes.
El jueves, el aún presidente de Corea del Sur, aferrado al cargo, defendió en una alocución televisada sin preguntas su actuación como un “acto de Gobierno”; rechazó los cargos de insurrección y agitó de nuevo el fantasma de la intromisión norcoreana en los asuntos públicos. También aseguró que lucharía hasta el last, fuera cual fuera ese epílogo: la citada investigación que lo coloca como líder de la trama o la nueva moción de destitución presentada contra él. De la segunda, ya conoce el resultado.
Yoon, que de momento seguirá viviendo en la residencia presidencial, aunque despojado de funciones, ha tenido que hacer frente a un mandato convulso y con el Parlamento en contra. Nacido en Seúl en 1960, protagonizó en 2022 uno de los triunfos más ajustados en la historia política de Corea del Sur, derrotando a su rival con menos de un punto porcentual de ventaja, la victoria más reñida desde 1987. La victoria se interpretó más bien como un rechazo al hasta entonces gobernante Partido Democrático, más que como una acogida al Partido del Poder Well-liked de Yoon. Yoon ha sido el primer líder surcoreano que no ha contado con el management de la Asamblea Nacional ―el PD es la formación mayoritaria― en ningún momento de su mandato. Hasta enero de este año, solamente se habían aprobado el 29,2% de los proyectos presentados al Parlamento por su gabinete, según datos del Middle for Strategic and Worldwide Research (CSIS).
Yoon llegó al poder después de una extensa carrera como fiscal, durante la cual se ganó fama de implacable en la lucha contra la corrupción. De joven quería ser pastor protestante, pero fue su padre, un respetado profesor de Economía, quien le convenció para dejar ese camino y estudiar Derecho. Tras 25 años como fiscal en Seúl, en 2019, el entonces presidente surcoreano, el liberal Moon Jae-in, lo promovió a fiscal common de Corea del Sur. Su implacable cruzada anticorrupción contribuyó a llevar a los expresidentes Park Geun-hye y Lee Myung-bak a la cárcel, así como al líder de facto del conglomerado Samsung, Lee Jae-in, por un gran escándalo de sobornos y coacciones.
En su discurso de investidura, en 2022, Yoon prometió que “reconstruiría esta gran nación” para convertirla en una “que realmente perteneciera al pueblo”. Sus dos años al frente del país, sin embargo, han estado marcados por una drástica caída en su popularidad, un Gobierno disfuncional y un bloqueo legislativo constante.
El aura de incorruptible también ha ido desapareciendo a la misma velocidad que caía su popularidad entre la ciudadanía. Algunas de las grandes controversias de su mandato las ha protagonizado la primera dama, Kim Keon-hee. A finales del año pasado salieron a la luz unas imágenes en las que se la veía aceptando como regalo un bolso de Christian Dior valorado en 2.200 dólares. El obsequio viola las leyes surcoreanas que prohíben tanto a funcionarios públicos como a sus cónyuges aceptar objetos valorados en más de 750 dólares. El presidente Yoon calificó el vídeo, que fue grabado con una cámara oculta, como una “maquinación política”. Previamente, Kim había sido acusada de falsificar su currículum –lo que la llevó a pedir perdón públicamente–, de plagio académico y de manipulación de acciones bursátiles.
