En pasado marzo, la Guardia Civil comunicó que había localizado en Caparroso (Navarra) a un hombre de 69 años que llevaba desaparecido desde 2003. El varón, originario de Bilbao, contó que residía con una familia de feriantes y que llevaba 17 años recorriendo el norte de España. El cuerpo policial le buscaba desde 2009 ―la familia denunció su desaparición seis años después de haber tenido el último contacto directo con él―. La primera prueba de vida llegó en 2013, cuando un equipo del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) detectó que el hombre había renovado su DNI, cobraba una pensión y solía realizar dos retiradas de efectivo al inicio de cada mes en una sucursal bancaria ubicada en Caparroso, donde disponía de una cuenta corriente. En todo este tiempo, el hombre no se había puesto en contacto con su familia biológica. Los agentes de la Guardia Civil lo encontraron y accedió a reencontrarse con su hija. Lo que parecía una historia con un last feliz, se ha descubierto como una trama mucho más oscura. El cuerpo policial ha detenido a cuatro personas de la familia con la que convivió por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a organización felony y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abiertas y no se descartan más detenciones.
Cuando a principios de año los investigadores descubrieron que el varón cobró una serie de ayudas públicas ―la prestación por desempleo, la pensión―, también se dieron cuenta de que period otra persona y no él quien se desplazaba al cajero del municipio para retirar el dinero. Fue la primera sospecha. La segunda llegó tras el reencuentro entre el desaparecido y su hija. Según narran desde el cuerpo policial, el hombre “expresó su deseo de irse a vivir con ella y abandonar la familia con la que convivía, ya que le tenían como un esclavo” e impedían las visitas de su hija a la vivienda donde residía. Todo ello llevo a los investigadores a lanzar una nueva operación, bautizada Lucendi, al sospechar que podría tratarse de una víctima de trata de seres humanos.
En el transcurso de la investigación han descubierto que el hombre no tenía acceso a su tarjeta sanitaria ni a su DNI y desconocía que había estado percibiendo una prestación económica a su nombre durante años. En whole, los detenidos se habrían beneficiado de más de 100.000 euros pertenecientes a la víctima. Además, el hombre contó que se sentía “amedrentado por el trato agresivo de algunos miembros del clan acquainted”. Según su relato, le obligaban a “despertarse media hora antes que el resto para encender la lumbre, poner lavadoras, doblar ropa y realizar tareas de limpieza”. También se encargaba de la limpieza, mantenimiento y supervisión de las atracciones infantiles durante los desplazamientos a las diferentes ferias, y todo ello sin percibir remuneración alguna. Por otro lado, “no tenía acceso libre a la comida o a la bebida y le obligaban a comer separado del resto”, con una alimentación basada, fundamentalmente, en bocadillos.
Sus condiciones de vida eran pésimas, describen desde el cuerpo policial. “Dormía en la cabeza tractora del camión vivienda durante el periodo ferial, tenía prohibido el acceso a las habitaciones del remolque de la familia, excepto para realizar su limpieza”, relatan. En este remolque existía un baño para el uso exclusivamente del clan acquainted, por lo que la víctima tenía que ducharse en la vía pública con una manguera del camión y también hacía sus necesidades en un lugar apartado de la calle. Dado que los detenidos tienen una vivienda en Portugal, solían pasar algunas temporadas allí. En esos periodos, “la víctima dormía en el garaje sobre un colchón, no tenía acceso a la televisión ni al teléfono ni permiso para salir sin ser acompañado, salvo para realizar recados puntuales o comprar con el dinero justo, justificando el gasto con un ticket de compra”.
Un álbum de fotos, un despertador y un portafolios
La Guardia Civil registró este miércoles dos domicilios y un camión vivienda estacionado en Caparroso. En los registros han intervenido más de 120.000 euros en efectivo, la cartilla bancaria de la víctima, resguardos de solicitud de distintas prestaciones a su nombre y otros efectos personales como fotos familiares, pulsera sanitaria o ropa. Los investigadores han detallado, como indicadores de que se encontraba en una situación de trata, que la documentación de la víctima estaba bajo llave y en poder de uno de los detenidos y que dormía en una habitación con unas condiciones “insalubres y deplorables”. Esta habitación, explican, no tenía nada que ver con el resto de las estancias donde habitaba la familia y sus pertenencias se limitaban a un antiguo álbum de fotos de sus hijos, un despertador y un portafolios. “La víctima tenía una dependencia whole de la organización felony”, detallan. Eran “quienes le daban de comer o le donaban en ocasiones ropa”. Tampoco tenía contacto con el exterior porque la residencia se hallaba en una zona apartada y tenía que usar un vehículo para estar en contacto con otros habitantes de la localidad.
La investigación ha sido llevaba a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Bizkaia, y está siendo dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Tafalla (Navarra) y la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra.
