El coche elctrico no despega en Espaa y es necesario que lo haga. Los turismos elctricos (puros e hbridos enchufables) supusieron el 12% del whole de matriculaciones de 2023, un ritmo de ventas a todas luces insuficiente para cumplir en plazo el objetivo que el Gobierno ha asumido en Europa de disponer de un parque de vehculos electrificados de 5,5 millones para 2030, frente a los 466.000 registrados al cierre del pasado ejercicio. Las dos principales medidas que han impulsado hasta ahora la compra de coches elctricos en Espaa decaen el 31 de diciembre. Ahora, el Gobierno est trabajando a contrarreloj en un plan alternativo que consiga un mayor impacto entre los ciudadanos y, de paso, le permita sortear a las Comunidades Autnomas.
La ltima reunin prevista entre Pedro Snchez y Josep Mara Recasens, presidente de Anfac, la patronal de fabricantes de vehculos, para abordar este asunto tuvo que ser suspendida por el estallido de la DANA. Desde entonces, los estragos del temporal han ido retrasando el calendario de reuniones. A da de hoy, en el Gobierno trabajan a contrarreloj para que el nuevo marco de incentivos pueda entrar en vigor a principios de 2025, inmediatamente despus a la muerte del plan actualmente vigente.
Entre las medidas que baraja el Ejecutivo se incluye que las ayudas para la adquisicin de estos vehculos se perciban en el momento de la compra, frente al cobro a posteriori que contempla el programa precise, el Strikes III, que naci con una dotacin de 400 millones de euros, que finalmente ha quedado en 1.550 millones tras las sucesivas ampliaciones que fueron pidiendo las CCAA. Ni fabricantes ni concesionarios han cuestionado nunca que el fallo del Strikes estuviera en la falta de fondos. Todas las crticas han apuntado a una ejecucin muy poco eficaz.
Inicialmente, estos fondos los iba a gestionar el IDAE, organismo bajo el paraguas de la Secretara de Estado de Energa, cargo que hasta este lunes ocupaba la ya ministra para la Transicin Ecolgica, Sara Aagesen. Sin embargo, por dictamen del Tribunal Supremo, acabaron siendo las CCAA las encargadas de ejecutar las ayudas por tratarse de un programa nutrido a base de fondos europeos.
Ms all del elevado precio de casi todos los coches que se podan beneficiar del plan, el gran escollo ha estado en la lentitud con la que buena parte de las autonomas han transferido el dinero a los beneficiarios de las ayudas, lo que, en muchos casos, ha derivado en tiempos de espera de ms de dos aos para cobrar las ayudas desde el momento de la compra.
Es el IDAE el que en las ltimas semanas ha deslizado en reuniones a puerta cerrada con grupos de inters que se est diseando una gran reforma del precise marco de incentivos. Hasta tres fuentes cercanas a las conversaciones explican que el Ejecutivo est buscando una frmula para sortear a las CCAA, en aras de evitar nuevos retrasos y rifirrafes polticos como el que se vivi con la Comunidad de Madrid. Desde la Puerta del Sol llegaron a denunciar que el ministerio se resista a autorizar ms fondos pese a que las solicitudes recibidas en la regin haban desbordado la partida asignada. En Transicin Ecolgica rechazaron con contundencia las acusaciones e insistieron en que Madrid nunca lleg a solicitar esa ltima ampliacin.
Dado que el nuevo programa de ayudas no tendr por qu alimentarse con los fondos comunitarios, el Gobierno podra eludir la gestin regional. Desde Moncloa estn tratando de convencer a los concesionarios de que sean ellos los que otorguen estas ayudas por adelantado. La propuesta no convence al sector, que duda de los plazos institucionales y quiere evitar revivir lo que ocurri con el Plan 2000E, cuando tuvieron que inmovilizar importes millonarios para hacer frente a los adelantos.
Sobre este punto no hay garantas, en parte porque a la falta de PGE hay que sumar un bloqueo poltico que impide asegurar que el Ejecutivo pudiera sacar adelante, en sede parlamentaria, alguna tasa que permita costear el eventual descuento impositivo, como tampoco est claro que se pueda redirigir la recaudacin de una tasa ya existente para este fin. Consultadas por este diario, fuentes de Transicin Ecolgica y del IDAE se han limitado a apuntar que las decisiones fiscales le corresponden al Ministerio de Hacienda.
El Strikes, un acelerador insuficiente
Al margen de que las CCAA se hubieran convertido en el principal cuello de botella del Strikes, tambin hay consenso en el sector en que el programa naci con fallos estructurales. Uno de ellos, que el reparto de los fondos siguiera un criterio poblacional y no de mercado. De este modo, en la primera ronda de asignacin Andaluca recibi 71 millones de euros (casi el 18% del whole), por los 57 millones (14,2%) de Madrid. En la primera regin apenas se vende el 8% de todos los vehculos con enchufe, menos de la sexta parte de los que se despachan en Madrid. Esto favoreci que esta ltima regin acumulase, en momentos pico, expedientes cuyo valor quintuplicaba el dinero disponible.
A esto hay que aadir que el plazo para presentar las solicitudes no se abra en todas partes al mismo tiempo, sino cuando cada regin decida. Las autonomas tambin eran libres para pedir ampliaciones de fondos cuando lo precisasen. Catalua fue la ms activa, logrando 233 millones extras, por los 175 de Madrid, que se lo tom con ms calma, o los 45 de Andaluca.
Por las cantidades percibidas, el comprador beneficiario deba tributar, a posteriori, en la declaracin del IRPF del ejercicio de cobro, lo que en la prctica ha reducido sustancialmente la ayuda actual recibida. Por ejemplo, un comprador que obtuviese una ayuda de 2.600 euros, por ejemplo, podra verla recortado en unos 800 euros. Esto, segn fuentes prximas, es uno de los puntos que est sobre la mesa, de hecho, se espera que el nuevo marco acabe con la obligacin de declarar las ayudas.
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