El Gobierno plantea a los agentes sociales extender el escudo anticrisis más allá del 30 de junio | Economía

El Gobierno y los agentes sociales han abierto este lunes la puerta a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio ante el escenario de fuerte incertidumbre international y los efectos que el conflicto abierto en Oriente Próximo está provocando sobre los mercados energéticos internacionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido al mediodía una reunión de alto nivel junto a patronal y sindicatos para analizar la evolución de la situación, el efecto de las ayudas aprobadas en marzo y la posibilidad de mantener o adaptar parte del escudo económico durante los próximos meses si persiste la presión inflacionista. En ella también ha intervenido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha reclamado a los empresarios que suban más los sueldos y al Gobierno del que forma parte que prorrogue el IVA reducido de la luz, una medida que en principio decae la próxima semana. Los empresarios reclaman el mantenimiento de las medidas en vigor y los sindicatos, una revisión del salario mínimo interprofesional.

En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Economía, han participado también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, además del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

La intención que maneja el Ejecutivo, según explican fuentes conocedoras de la reunión, pasa por mantener un esquema comparable al aprobado hace tres meses, con medidas temporales y revisables trimestre a trimestre para adaptarse a la evolución del conflicto y de la inflación. No obstante, todavía no hay nada decidido y el Gobierno se da varias semanas de margen para monitorizar la situación y tomar decisiones.

El plan de respuesta, en vigor desde el 20 de marzo, incluía rebajas fiscales generales sobre la electricidad, el fuel y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético. Parte de esas medidas comenzaron a retirarse tras el dato definitivo del IPC de abril, que situó la inflación en el 3,2%, aunque el Gobierno sigue monitorizando la evolución de los precios para decidir si es necesario recuperar descuentos una vez que el paquete inicial caduque el 30 de junio.

La reunión se produce en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán a finales de febrero y la posterior respuesta de Teherán. Aunque frágil, desde hace varias semanas hay instalada una suerte de tregua que, sin embargo, mantiene bloqueada la arteria del estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de crudo y fuel. El Ejecutivo y los agentes sociales temen que un agravamiento del conflicto termine trasladándose con más intensidad a los costes energéticos de hogares y empresas y provoque un nuevo repunte inflacionario parecido al que sacudió la economía international en 2022.

Según defendió Carlos Cuerpo durante el encuentro, tal y como explican fuentes del ministerio, las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar buena parte del impacto del shock energético. El departamento económico sostiene que, sin el plan de respuesta, la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril y que las ayudas han conseguido moderar esa cifra en más de 16 puntos porcentuales, reduciendo además cerca de un punto la inflación common.

El análisis compartido entre los asistentes, prosiguen las fuentes ministeriales, es que “España está respondiendo bien al shock del conflicto de Irán” y que el escudo del Gobierno está cumpliendo la función de “proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas”. “Nuestra posición industrial en refino, la rapidez y efectividad de la respuesta de política económica y la cooperación con Europa nos sitúan en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías”, en palabras del vicepresidente primero.

Peticiones de Trabajo

Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha pedido en la reunión que se mantenga el tipo reducido del IVA de la luz en el 10%, medida que está previsto que decaiga el 1 de junio, cuando volvería al 21%. “El precio del fuel ha cotizado al alza en lo que llevamos del mes de mayo y consideramos que el tipo reducido del IVA debería mantenerse en el caso de que los precios evolucionen al alza en los próximos meses como consecuencia del conflicto”, sostiene el departamento que dirige Díaz.

Trabajo también reclama como “necesario” un nuevo actual decreto-ley en el que se incluyan medidas de vivienda “como la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler”. Así, Díaz recupera una de sus principales reivindicaciones, que ya decayó por el voto contrario de la mayoría de derechas del Congreso a finales de abril. A la vez, pide un aumento del presupuesto destinado a vivienda pública en alquiler asequible.

Además, Díaz ha entrado en el terreno de la negociación bipartita, la que compete a sindicatos y patronales, y ha reclamado a los empresarios que suban más los sueldos. “Hemos manifestado nuestra preocupación por el impacto que este conflicto puede tener en el poder adquisitivo de la ciudadanía. Por ello, hemos instado a los agentes sociales a mejorar los salarios en el ámbito de la negociación bilateral”, indica el Ministerio de Trabajo. Esa conversación busca un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde el inicio de este año. En él, los representantes de los trabajadores y de los empleadores dan las pautas para la negociación convenio a convenio. CC OO y UGT vienen echando en cara a las patronales escasa voluntad para alcanzar un nuevo entendimiento, tras el que rigió de 2023 a 2025.

Los sindicatos quieren revisar el SMI

Una de las asociaciones empresariales que participa en esa negociación es la de las de pequeñas y medianas empresas, Cepyme. “Aunque EE UU e Irán alcancen un acuerdo de paz en los próximos días”, dicen sobre la reunión de este lunes, “la normalización de los precios de la energía llevará su tiempo y cabe esperar que la incertidumbre de fondo persista en Oriente Medio. Ante este escenario, resulta necesario el mantenimiento de las medidas anticrisis”. La asociación dirigida por Ángela de Miguel reclama que las medidas no sean “estáticas”, sino que “se ajusten a las circunstancias previstas en cada momento con el fin de maximizar sus efectos positivos“, y que su futura eliminación sea ”progresiva con el fin de evitar el contraproducente efecto escalón”.

Por su parte, los sindicatos han distribuido un comunicado conjunto en el que, como Trabajo, reclaman medidas específicas para paliar el encarecimiento de la vivienda. Entre ellas citan la prórroga de los alquileres que decayó en abril. Asimismo, dado que el salario mínimo creció un 3,1% a principios de año y el último dato del IPC es del 3,2%, CC OO y UGT piden al Gobierno que abra la negociación para volver a subir el salario mínimo. “Reclamamos la apertura inmediata de este debate, así como la aprobación urgente del real decreto que debe common las nuevas reglas de compensación y absorción salarial”, dicen los representantes de los trabajadores.