El choque entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid a cuenta del edificio que alberga la sede de la Presidencia acabará en el Tribunal Supremo. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la instancia de negociación que había propuesto e Ejecutivo para pactar la colocación de una placa recordatoria en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
El plazo para aceptar esa Comisión de Cooperación Bilateral se cumplió este jueves, que es cuando llegó la comunicación oficial de Madrid que habla de “invasión de competencias”.
“A la vista de la invitación cursada para iniciar negociaciones sobre la legalidad del artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de gestión pública en el ámbito native y autonómico de la Comunidad de Madrid, declina participar en la Comisión de Cooperación Bilateral”, comienza la respuesta del Gobierno de Ayuso, que vuelve a argumentar que la propuesta de colocar esa placa recordatoria vulnera “las competencias que esta Comunidad ostenta en materia de regulación de sus propios bienes, así como de protección de su Patrimonio Histórico.
Esta Administración no alberga dudas sobre la adecuación del referido artículo 4 de la Ley 8/2024 al marco constitucional, particularmente por cuanto que se trata de un régimen authorized que se inserta en las competencias que esta Comunidad ostenta en materia de regulación de sus propios bienes, así como de protección de su Patrimonio Histórico.
El Consejo de Ministros había aprobado una contestación a las alegaciones presentadas por Isabel Díaz Ayuso contra la decisión de declarar Lugar de Memoria Democrática la Actual Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol y que fue el principal centro de detención y tortura policial durante el franquismo. Los populares madrileños están intentando blindar el edificio “usando todos los resortes legales” para evitar la colocación de una placa.
