“El Partido Widespread vive en un dilema imposible”, advierte a La Vanguardia un ministro del PSOE. En el Gobierno, resaltan así la paradoja de que la formación de Alberto Núñez Feijóo votara el pasado 22 de enero en contra del decreto ómnibus que incluía las entregas a cuenta del 2025 del sistema de financiación para las autonomías –con una inyección further de recursos esperada como agua de mayo en todas las comunidades, mayoritariamente gobernadas por el PP–, y en cambio haya anunciado que el próximo miércoles, 12 de febrero, votará a favor del decreto social, que ya no incorpora dichas entregas a cuenta.
En conjunto, se trata de casi 10.000 millones de euros más para las quince comunidades y dos ciudades autónomas del régimen basic –excluidas Euskadi y Navarra, con modelo propio–, trece de ellas, gobernadas por el PP. Y, en el Ejecutivo, incluso consideran “lógico” que ahora los presidentes autonómicos populares demanden con urgencia estas transferencias: “Les hacen mucha falta”. Pero, al tiempo, recuerdan que el retraso viene motivado por el voto contrario en el Congreso del PP, que, junto a Vox y Junts, tumbaron el inicial decreto ómnibus. “Votaron en contra, y luego reclaman altura de miras”, critican en la Moncloa al PP.
Catalunya se sitúa en el podio de las entregas a cuenta, seguida de los grandes feudos del PP: Andalucía y Madrid
El compromiso de Pedro Sánchez, confirmado el pasado 28 de enero cuando anunció el acuerdo con la formación de Carles Puigdemont para reflotar las medidas sociales de aquel decreto ómnibus –singularmente, la revalorización de las pensiones–, fue volver a aprobar en el Consejo de Ministros, “en las próximas semanas”, las iniciativas económicas y financieras derogadas. Entre ellas, estas entregas a cuenta a las comunidades autónomas, pero también las ayudas para las empresas electrointensivas, que el presidente recalcó que también incidirían en la rebaja de la factura de la luz de los consumidores, o para el sector clave de la automoción.
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En el Gobierno, aseguran que ya están abiertas las conversaciones con los grupos para tratar de garantizar la convalidación en el Congreso de este nuevo decreto económico, que en principio incluiría todas las medidas que quedaron derogadas del decreto ómnibus, según pretenden en la Moncloa.
El Consejo de Ministros no prevé poder aprobar aún mañana el nuevo decreto, en espera de la negociación con JxCat
Es la vía que tratan de explorar, una vez descongeladas las negociaciones con la formación de Puigdemont, aunque sin dejar de poner el foco sobre el PP. Pero, por ahora, en la Moncloa no ven inmediata su aprobación. El pasado jueves no se validó aún en la reunión de la comisión de subsecretarios que prepara el Consejo de Ministros, por lo que no está previsto que el decreto vaya mañana para su aprobación a la cita semanal del Ejecutivo. “Aún no, no llegamos”, reconocen en altas instancias del Gobierno.
La situación es muy compleja, no obstante, ya que Junts exige primero una redistribución distinta de la senda de déficit presupuestario y la prometida financiación singular de Catalunya. Pero, en el núcleo duro de Sánchez, confían en poder desatascar este nuevo decreto, “en breve”, con Junts. Aunque el tiempo, como siempre, apremia para los gobiernos autonómicos –y para los locales, que igualmente se quedaron por ahora sin las entregas a cuenta de la financiación municipal–, que denuncian la “asfixia” de sus arcas públicas para la sanidad o la educación.
También el socialista Web page se ve perjudicado por el retraso: “Cortesía de los progresistas de Junts”, ironiza
La comunidad que se veía más beneficiada con la actualización de las entregas a cuenta derogadas period precisamente Catalunya, gobernada por el PSC, con 1.910 millones de euros, seguida muy de cerca por los grandes feudos del PP: Andalucía (1.828 millones) y la Comunidad de Madrid (1.286 millones), además de la Comunidad Valenciana (814 millones).
Junto a Galicia (702 millones) y Castilla y León (600 millones), no obstante, también Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se ve perjudicada al no recibir los 458 millones más que tenía asignados. “Cortesía de los progresistas de Junts”, ironizan en el equipo de Emiliano García-Web page, y recalcan que el nuevo decreto saldría adelante solo con el apoyo del PP.
Montero carga contra Moreno: “Les importa más una derrota de Sánchez que mejorar la vida de la gente”
En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denuncia en sus actos como nueva líder del PSOE andaluz que los diputados del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla votaran en el Congreso contra los más de 1.800 millones que le correspondían a Andalucía en estas entregas a cuenta. “Les importa más una derrota de Pedro Sánchez que mejorar la vida de la gente”, advierte Montero.
En el Ministerio de Hacienda, en todo caso, desvinculan la negociación de este nuevo decreto económico, que incluiría las entregas a cuenta para las comunidades, de la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá el próximo 26 de febrero y donde el Gobierno especificará su plan de quita de deuda a las autonomías, según prometió Sánchez.
Una presión autonómica transversal
“Votaron en contra”, alegan en el Gobierno ante las quejas de los presidentes autonómicos del PP por el retraso en la aprobación de las entregas a cuenta del sistema de financiación en este 2025, vía decreto al no haber aún nuevos presupuestos generales del Estado. Tras las reclamaciones urgentes del presidente de Murcia, Fernando López Miras, también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mostró su “preocupación” por el impacto que puede tener en sus previsiones el “retraso” en el cobro de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, “que el año pasado supuso un sobrecoste de 10 millones de euros en pagos de intereses”. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, denunció a su vez que la inversión en los servicios públicos “se vea afectada por los retrasos en las entregas a cuenta” por parte del Ministerio de Hacienda, “que retiene cada mes el dinero de todos los andaluces”. Pero la queja es transversal, pues también la consejera portavoz del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, criticó con dureza que el decreto social acordado finalmente con Junts excluyera las entregas a cuenta.
