El penúltimo día de 2024 el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprobó un decreto-ley que transformará el paisaje del país en los próximos años. El Gobierno, en manos de una alianza entre centroderecha y conservadores, permitirá la construcción de viviendas en suelos rústicos gracias a la alteración del Régimen Jurídico de Instrumentos de Gestión Territorial, vigente desde 2015. La reforma, realizada sin debate público, deja en manos de los ayuntamientos la reclasificación de los terrenos y se justifica como el mejor instrumento para combatir la carencia de viviendas a precios accesibles en el país. “No se trata de un problema coyuntural o a corto plazo. Se trata de una disaster seria, que exige medidas valientes. Es necesario aumentar la oferta de casas a precios moderados”, defendió en una tribuna en Público el ministro de Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida.
La norma redactada por el Gobierno establece como condición para el cambio de uso que se destine a la construcción de viviendas públicas o “de precio moderado”. Una fórmula más laxa que la anunciada por el primer ministro, Luís Montenegro, en mayo, poco después de tomar posesión, cuando defendió la reforma sobre los suelos rústicos para fomentar la construcción de viviendas “a precios controlados”, para “alquileres accesibles” o “alojamientos temporales”. La fórmula ultimate elegida establece unos límites en función de las medianas de los precios de venta del metro cuadrado nacionales y de la localidad donde se promueve la reclasificación, que en la práctica permitirán vender las nuevas casas a precios más altos que los de mercado de cada municipio en un país que ha experimentado una galopada en los precios inmobiliarios que sigue sin freno.
Portugal ha sido el país de la zona euro donde más subió el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2024 y el segundo de toda la Unión Europea, según la última estadística publicada por Eurostat. Solo Bulgaria superó el 3,7% de incremento registrado en Portugal. Los alquileres, por su parte, crecieron un 7,2%, la cuarta mayor subida de la UE en ese trimestre.
Pero no se trata de una fiebre temporal. Los datos del Banco de Portugal revelan las persistentes subidas del mercado inmobiliario, que se han convertido en una de las mayores dificultades de las clases medias, con salarios que no han crecido al mismo ritmo. Desde el fin de la pandemia, cuarto trimestre de 2021, los precios han crecido de forma constante. El precio mediano del metro cuadrado en todo el país fue de 1.736 euros en el segundo semestre de 2024. En Lisboa, que ya es una de las ciudades más encarecidas de Europa, alcanzó los 4.367 euros por metro cuadrado.
El Gobierno sostiene que las casas son caras porque hay pocas, aunque el país tiene un parque de 720.000 viviendas vacías, y por el precio del suelo. “No tiene sentido mantener la prohibición de construir nuevas casas en este tipo de suelos, sin valor actual para cultivar, cuando el precio de las casas está tan influenciado por el alto coste de los terrenos urbanos”, defiende el ministro Manuel Castro Almeida. El ejecutivo avisa que es necesaria la reforma para permitir la ejecución del PRR, que prevé una inversión de 1.800 millones de euros para facilitar el acceso a una vivienda a 26.000 familias antes de 2026.
El análisis gubernamental ha sido cuestionado por más de 600 especialistas, que advierten de que la medida no solucionará la disaster de la vivienda y, en contrapartida, causará otros problemas como la especulación inmobiliaria. “Perjudicará la agricultura, los bosques y el medio ambiente, fragmentando el suelo rústico esencial para la seguridad alimentaria y creando expectativas de revalorización súbitas de los terrenos rústicos para fines inmobiliarios”, sostienen en una carta abierta. “La urbanización en suelos rústicos es un retroceso de décadas”, concluyen. Incluso el propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, introdujo en el decreto de promulgación de diciembre una velada crítica al subrayar que constituía “una perturbación significativa en materia de ordenamiento y planeamiento del territorio”.
El decreto-ley volverá de nuevo a manos del Jefe del Estado, tras pasar por el debate parlamentario previsto para el próximo viernes 24 y que ha sido forzado por cuatro partidos de la izquierda. En esa sesión están citados los ministros de Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, e Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, además de asociaciones ecologistas y especialistas en urbanismo.
Estas audiciones han sido solicitadas principalmente por la izquierda, que han mostrado un rechazo rotundo a la reforma authorized, con excepción de los socialistas. “Esta ley incentiva la especulación inmobiliaria, agrava el combate contra las alteraciones climáticas y hace más permeables a la corrupción a ciudades y pueblos”, alertó el portavoz parlamentario del Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo.
Alexandra Leitão, líder parlamentaria del Partido Socialista, anunció que apoyarán la propuesta del Gobierno si cumple dos condiciones: que los precios de las nuevas casas sean inferiores a la mediana de la localidad y que se localicen en áreas ya urbanizadas para evitar la dispersión demográfica.
El cambio de Gobierno en 2024 se tradujo en un giro en las medidas tomadas para combatir la falta de casas. El nuevo equipo desmontó las principales decisiones del anterior ejecutivo socialista de António Costa como el arrendamiento forzoso de alojamientos vacíos de larga duración, que estaba en manos de los municipios, o la imposición de una contribución especial sobre pisos turísticos.
