El Gobierno de Nicaragua está atacando sistemáticamente al sector universitario del país en una campaña represiva dirigida a suprimir la disidencia y la libertad de expresión, afirmó este viernes un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* ha documentado en un nuevo informe, amplias violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás private universitario.
Estas incluyen, entre otras, violaciones de los derechos a la vida y a la integridad private, a la educación y la libertad académica, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de circulación y a la nacionalidad. Según el Grupo, algunas de estas violaciones constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.
El documento, de 96 páginas, indica que las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, palizas y aislamiento prolongado -que en algunos casos podría equivaler a tortura– contra estudiantes y profesores, especialmente aquellos detenidos arbitrariamente, por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al Gobierno.
Coordinación de los poderes del Estado
Otra de las conclusiones apunta a la existencia de una “coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” para cometer violaciones de los derechos de los estudiantes y el private universitario.
“El Gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de management político,” afirmó el presidente del Grupo.
Jan Simon destacó que la comunidad académica “merece espacios seguros y libres para expresar concepts y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restaurados urgentemente”. Añadió que, con estas acciones, el Gobierno “está hipotecando el futuro del país”.
Cierre de universidades y expulsión de estudiantes y profesores
El informe destaca el cierre de múltiples universidades en las que se habían permitido movimientos sociales o de oposición al Gobierno, y la expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades.
En las universidades que no se cerraron, el Gobierno ha instituido medidas de management político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación de las personas percibidas como opositores, indica el documento. Estas acciones reflejan un patrón de violencia y represión diseñado para sofocar cualquier voz de resistencia, incluso dentro del ámbito universitario, tradicionalmente un espacio de libertad y de debate.
Según el documento, que incluye una lista de 40 universidades cuya personalidad jurídica fue cancelada o cuya naturaleza jurídica fue modificada, ya no quedan instituciones universitarias independientes.
Llamamiento a la comunidad internacional
El Grupo de Expertos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Estado nicaragüense a restablecer la autonomía universitaria y garantizar la seguridad y la libertad de expresión en el ámbito académico.
“Urge una acción internacional para proteger la integridad de las y los estudiantes, docentes y profesionales del sector universitario en Nicaragua”, afirmó Simon.
* El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Creado en marzo de 2022, tiene la misión de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
