El Consejo de Ministros ha acordado este martes la adhesión de España al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los altos tribunales de los países miembros pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que emita opiniones sobre cuestiones relativas a la interpretación o la aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio o sus protocolos. El acuerdo será remitido al Congreso de los Diputados, ya que debe ser avalado en sede parlamentaria.
La ratificación del protocolo, que adelantó La Vanguardia en su edición del lunes, es una de las demandas que Junts había planteado en el marco de las negociaciones con los socialistas. El mismo lunes, la formación de Carles Puigdemont anunció que retiraba la proposición no de ley que iba a debatir este martes el pleno del Congreso pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presentase una cuestión de confianza.
El Tribunal de Estrasburgo decidirá si acepta las consultas y sus opiniones serán motivadas y no vinculantes
Una vez se ratifique la adhesión de España al Protocolo 16, los altos tribunales españoles podrán pedir opiniones al Tribunal de Estrasburgo sin que tenga que mediar previamente el Tribunal Constitucional sobre asuntos que se están tramitando en España, como la amnistía. Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo dispondrá de la facultad discrecional de aceptar o no cada solicitud. Además, estas opiniones consultivas, que serán emitidas por la Gran Sala, serán motivadas y no vinculantes.
El Protocolo 16 entró en vigor el 1 de agosto de 2018 tras su ratificación por diez estados: Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Lituania, San
Marino, Eslovenia y Ucrania. En la actualidad son 24 los países miembros del Consejo de Europa que lo han ratificado, a los que se suma ahora España. En 2019 se incorporaron Andorra, Grecia y Países Bajos; en 2020, Luxemburgo y Eslovaquia; en 2021, Bosnia-Herzegovina; en 2023, Azerbaiyán, Bélgica, Montenegro, Moldavia y Rumanía; en 2024, Macedonia del Norte y en 2025, Mónaco y Suecia, país este último en el que el protocolo entrará en vigor el 1 de abril.
Con este protocolo, informan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, “se fortalece el diálogo” entre la justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la ratificación de este mecanismo está en línea con el compromiso que España ha asumido en la protección de los derechos humanos como eje vertebrador de la política exterior, añaden.
