El Gobierno ha diseñado un mecanismo fiscal para intentar driblar el veto del PP a la ley de vivienda a través de un sistema de bonificaciones en el IRPF a pequeños propietarios que, de forma voluntaria, reduzcan el precio de sus alquileres. Ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP aplica la declaración de zonas tensionadas, pero el Ejecutivo insiste en que rebajando las rentas los dueños de vivienda podrían acceder a importantes ventajas fiscales. La iniciativa necesita una mayoría parlamentaria para que pueda aprobarse.
“Propondremos al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas”, reza la propuesta lanzada hoy por el Gobierno en el paquete de vivienda de doce medidas. Es decir, se trata de una propuesta para, a partir de los problemas de oferta de vivienda que existen, se puede ejecutar una reducción voluntaria de precios a través de una bonificación fiscal.
El Gobierno no ha querido definir la bonificación en el IRPF que se aplicaría, ya que dependerá de la propuesta que apruebe el Congreso, pero la thought inicial, explican fuentes del Ejecutivo, es que la ayuda fiscal pueda alcanzar el citado 100% si los propietarios de vivienda aplican una rebaja appreciable en el precio del alquiler.
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La mención del Gobierno al índice estatal de precio de vivienda es importante, ya que, según admiten las mismas fuentes, en algunos casos habría que establecer el índice de referencia para acceder a la citada bonificación fiscal. Es el caso de las viviendas en las zonas más cotizadas, con precios muy por encima de la media.
En este momento, las comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas dan acceso a los pequeños propietarios a una bonificación del 90% en el rendimiento neto del IRPF. La rebaja en el impuesto es del 70% si el alquiler va destinado a un inquilino joven.
Fuentes gubernamentales calculan que en la Comunidad de Madrid los propietarios particulares podrían ahorrar 2.850 millones en la liquidación de IRPF si rebajaran los precios de sus alquileres y se pudieran beneficiar de las bonificaciones en vigor. El ahorro medio por rendimiento sería de 5.600 euros al año. Las mismas fuentes aplican el término “comunidades insumisas” para referirse a las autonomías del PP que no aplican la ley de Vivienda.
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Para conseguir el visto bueno a esta propuesta ha sido necesario el visto bueno de Hacienda. El Gobierno no ha concretado el potencial coste fiscal de la medida, pero sí ha explicado que es asumible. Fuentes oficiales han recordado que España está cumpliendo los objetivos de déficit pactados con Bruselas y que, aunque es una medida discutible desde el punto de vista político, se ha convertido en una prioridad por el problema de oferta precise.
El Ejecutivo asume que algunos propietarios de renta alta podrían beneficiarse de estas bonificaciones fiscales cuya puesta en marcha dependen de los socios de investidura, de Junts a Podemos.
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