El fiscal common del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intentado rebatir los indicios expuestos a lo largo del juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Durante cinco días, las partes han exhibido sus argumentos. Estas son las principales cuestiones sobre las que han confrontado las acusaciones y la defensa de García Ortiz:
El cambio del móvil de García Ortiz
“No pudimos acceder al teléfono del fiscal common porque estaba borrado”, declararon los peritos. Los agentes de la UCO señalaron que el fiscal common cambió su terminal de móvil el 23 de octubre. A su juicio, “el borrado fue intencionado. No pudo producirse de forma unintentional”. También reseñaron que “recuperar los mensajes tras el borrado es imposible”. Para el fiscal common, el hecho de que su teléfono estuviera vacío no tiene mayor importancia: “Borro sistemáticamente mi whatsapp. No permito que los mensajes se acumulen más de un mes, porque mi móvil contiene circunstancias que atañen a todos los procedimientos del país. Es un universo de cosas. Una información muy relevante y copiosa”, declaró. El fiscal delegado de Protección de Datos corroboró la versión de García Ortiz sobre el borrado de datos por cuestión de seguridad.
La llamada de cuatro segundos
Uno de los indicios con el que los investigadores han tratado de cercar a García Ortiz es la llamada que el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos realizó al fiscal common en la noche del 13 de marzo minutos antes de ofrecer en directo “literalidades” del correo electrónico de la discordia. Uno de los agentes de la UCO aseguró ayer que las llamadas que no se descuelgan aparecen en el registro con cero segundos, sin embargo, la Guardia Civil dejó constancia de una llamada de cuatro segundos y, a continuación, un mensaje de texto. García Ortiz defendió que no habló en ningún momento con Campos. Además, denunció que la UCO no recogiese en su informe que en el momento de la llamada estaba hablando por teléfono con Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, por lo que saltó el buzón de voz durante esos cuatro segundos hasta que, según su versión, se habría cortado la llamada.
La filtración del correo
Los peritos consideran que fue el fiscal common quien filtró el correo porque “la información que se publicó el día 12 estaba en manos de la Fiscalía Common del Estado”. “Por eso situamos la primera filtración allí”, declararon durante la jornada de ayer. “Es un precedente bastante claro para nosotros”, añadieron, ya que “durante todo el proceso se ve un dominio de la acción del fiscal common del Estado”. “Es un cuerpo jerarquizado, no se haría nada sin el conocimiento del fiscal common”, concluyeron. Para García Ortiz, esos indicios son totalmente infundados: “Yo no filtré el correo”, declaró con contundencia. Y agregó: “Yo no tenía ningún interés en perjudicar a Alberto González Amador. Sus datos se trataron con exquisitez”.
La cuenta (private) de Gmail
Según los investigadores, el fiscal common eliminó su cuenta de Gmail a la que ordenó que le enviaran la cadena de correos electrónicos de González Amador —y no al profesional—. En su declaración, García Ortiz explicó que no tuvo ningún afán de esconder nada, sino que simplemente lo hizo porque la aplicación de Gmail es mucho más intuitiva y carga mejor los archivos adjuntos, que le debían llegar aquella frenética noche. También recordó que puso a disposición de los agentes, ofreciendo sus contraseñas, la cuenta de Gmail, que solo borró dos meses después del registro porque se filtró a los medios y empezó a recibir mensajes de todo tipo, incluidos insultos y amenazas.
La versión de González Amador
En el juicio ha declarado también la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien ejerce la acusación explicit. “Me han matado públicamente”, aseguró y añadió en tono trágico: “No sé si suicidarme o irme de España”. En la misma sesión, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, atribuyó la publicación de los correos a un complot contra la presidenta madrileña: “No hay nadie en España que dude de que todo el aparato de Estado ha estado urdiendo de todo para atacar a una rival política”, sentenció.
Choque de fiscales
En la vista oral ha aflorado una guerra entre fiscales. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dejó de manifiesto la urgencia de García Ortiz por hacerse con los correos electrónicos de González Amador. De hecho, Lastra (a quien García Ortiz atribuyó una “desafección” hacia la institución que él dirige) aseguró al tribunal que cuando habló con el fiscal common a la mañana siguiente, sin darle ni los buenos días, le espetó un “has filtrado los correos”, obteniendo como respuesta que “eso ahora no importa”. El fiscal common negó esa versión. Por un lado, aseguró que no existe la suficiente confianza para que una subordinada se dirija “así” a un fiscal common del Estado y, por otro, afirmó no haber escuchado nunca esa frase. Además, cargó contra Lastra porque no cumplió sus órdenes. “Me cuesta entender cómo un fiscal recibe seis llamadas del fiscal common y haya otra cosa más importante que hacer”, cuestionó.
Los periodistas descargan al fiscal common
Tanto la semana pasada como esta, periodistas de El País, El Diario y la Cadena Ser han asegurado que tuvieron acceso al contenido del correo de la filtración por la que está acusado García Ortiz antes de que en la noche del 13 de marzo llegase al correo del fiscal common. Su testimonio tiene especial relevancia puesto que uno de los indicios clave que llevó al fiscal common al banquillo es que la Cadena Ser publicase parte del contenido del correo minutos después de que García Ortiz lo tuviese en su correo electrónico. A esto se suma que otro periodista, de El Diario, también asegurase que tuvo acceso al correo el 6 de marzo, si bien la fuente no le había autorizado a publicar la información. Mirando al tribunal, este periodista aseguró que el fiscal common “es inocente”.
