El fiscal common del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido esta mañana como imputado en el Tribunal Supremo para negar que filtrara a la prensa, o diera órdenes para ello, datos confidenciales del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En su comparecencia, según apuntan fuentes del caso a elDiario.es, García Ortiz ha defendido que su objetivo al recabar la documentación del caso en la noche del 13 de marzo period desmentir varios bulos e informaciones falsas y ha denunciado la ilegalidad de los registros en su despacho el pasado mes de octubre, que ha definido como un “allanamiento”.
“Rotundamente no”, ha dicho Álvaro García Ortiz cuando le han preguntado si filtró ese documento a la prensa o a la Moncloa, otra de las líneas de investigación del juez. También ha negado que maniobrara para perjudicar a Alberto González Amador o Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha relatado cómo se enteró el día siete de marzo del año pasado de que la prensa se estaba interesando por la denuncia que la Fiscalía había presentado dos días antes, y que supo entonces que el caso afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid. También ha afirmado, como dijo en su testifical el fiscal Julián Salto, que el correo cuya difusión se investiga no contenía ningún secreto del proceso.
El fiscal common también ha respondido varias preguntas sobre por qué cambió de móvil una semana después de la apertura de la causa contra él en el Supremo y por qué no conserva ninguno de sus mensajes. Según estas fuentes, García Ortiz ha argumentado que desde su llegada a la Fiscalía Basic en 2020 ha cambiado de móvil de la misma manera en seis ocasiones para proteger los datos confidenciales de causas y diligencias que almacena.
A lo largo de su declaración, el fiscal common también ha criticado que la instrucción de este caso por parte de Hurtado está vulnerando sus derechos fundamentales al rechazar varias diligencias que considera clave. Ha denunciado, a lo largo de su declaración, que el objeto del proceso no está definido y que el “allanamiento” de su despacho en octubre en busca de mensajes no fue authorized.
García Ortiz ha llegado en coche al Tribunal Supremo a las 9.45 de la mañana, entrando por la puerta principal de la Plaza Villa de París y sin hacer declaraciones mientras cuatro personas gritaban insultos contra él. La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, comparecerá mañana y el tercer imputado, el teniente fiscal de la secretaría técnica, Diego Villafañe, declarará la semana que viene. Los tres investigados han sido llamados por el juez después de tres meses de instrucción en la que han comparecido, además, hasta 14 testigos.
El fiscal common solo ha contestado a preguntas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, argumentando que la representación authorized de González Amador ocultó datos relevantes a los tribunales desde su primera querella presentada ante el Tribunal Superior de Madrid: que el propio empresario había pasado a Miguel Ángel Rodríguez correos que su abogado cruzó con la Fiscalía en la mañana del 12 de marzo. También ha rechazado contestar al juez al considerar que la instrucción es nula y ha denunciado que el juez ya ha tomado su decisión sobre llevar adelante el caso.
Uno de los indicios que maneja la Guardia Civil para involucrar con un papel “preeminente” a García Ortiz y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, es un mensaje que ella le envía esos días: “Hola, jefe, a tu disposición”. El fiscal common ha explicado hoy que el mensaje se lo mandó porque había sido revalidada en el cargo hacía poco tiempo.
Tres meses de investigación
El Supremo investiga la filtración a la prensa el pasado mes de marzo de un correo en el que Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, ofrecía un pacto al fiscal que le investigaba por defraudar 350.000 euros: ocho meses y 500.000 euros a cambio de reconocer sus delitos y evitar la cárcel. En un primer momento la causa se centró en un comunicado de la Fiscalía de la mañana del 14 de marzo sobre el caso pero posteriormente puso la mirilla sobre la filtración previa de ese correo y el posible papel del Ministerio Público en ella.
El juez Hurtado, en sus últimos autos previos a la declaración de García Ortiz, ha desestimado su principal línea de defensa: que para cuando él obtuvo esa información, que había solicitado para desmentir un bulo, los datos sobre ese posible pacto ya circulaban por varias redacciones y el propio Miguel Ángel Rodríguez ya había difundido otros correos del caso por orden de la pareja de Ayuso.
El magistrado entiende que ninguno de esos dos factores, apuntalados por varios testigos en la causa, quita relevancia a su sospecha de que el propio fiscal common perpetró la filtración del e mail.
