El efecto bola de nieve es una metáfora de algo pequeño que cada vez se va haciendo más grande y significativo. Esto es lo que está ocurriendo con la causa judicial que salpica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En estos momentos, un juez del Tribunal Supremo intenta averiguar si el máximo representante de la Fiscalía borró mensajes que le implicarían en un delito. La bola puede crecer aún más cuando el magistrado decida si actúa contra algún responsable del partido socialista o incluso contra periodistas.
El juez del Supremo Ángel Hurtado no da tregua en esta investigación que se inició a raíz de conocerse que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba siendo investigado por fraude fiscal. La inspección de la Agencia Tributaria que fue remitida a la Fiscalía para interponer una querella por dos delitos fiscales y falsedad documental se acabó conociendo por los medios de comunicación. Por esta filtración, el magistrado apunta a García Ortiz.
El juez pretende llegar a las entrañas del asunto. En una actuación sin precedentes, Hurtado ordenó el registro del despacho del fiscal basic para llevarse una copia de todas sus comunicaciones. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acaba de certificar que no hay nada de este asunto. El juez cree que el fiscal basic lo ha borrado o que las gestiones se hicieron con otro número de teléfono. Además ha descubierto por el ex secretario basic del PSOE madrileño Juan Lobato que una jefa de gabinete de Moncloa, el secretario de Estado de Comunicación y el director de comunicación del PSOE sabían del material de Alberto González Amador antes de que saliese en prensa. El alcance de este caso está aún por determinar.
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Este tipo de filtraciones ya las han padecido varios políticos y personas de relevancia social. El periodista y escritor Màxim Huerta tuvo que dimitir seis días después de ser nombrado ministro de Cultura en 2018 tras una publicación de que había tenía una inspección fiscal; o Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno también ha denunciado cómo se han filtrado sus datos por parte de la Agencia Tributaria.
El juez del Tribunal Supremo tiene pendiente de decidir si analiza el teléfono de varios periodistas
Cuando se conoció la inspección fiscal a González Amador, su pareja y el equipo de ésta optaron por pasar al contrataque, primero negando tal fraude, después denunciando una cacería política y por último dando a entender que el fiscal que había asumido la investigación actuaba bajo las órdenes políticas del fiscal basic.
En esta defensa, se publicó el pasado 13 de marzo una información periodística que avalaba estas tesis. A partir de ese momento y para contrarrestar tal falsedad, se produjeron una cadena de acontecimientos y se tomaron una serie de decisiones que han acabado con García Ortiz investigado por un delito de revelación de secretos. La Fiscalía quiso desmentir una información falsa, que period que el fiscal había ofrecido un pacto al empresario para que reconociera los delitos fiscales y que este ofrecimiento se paralizó por motivaciones políticas.
Un hecho constatado es que al día siguiente el ministerio público emitió una nota de prensa con el contenido de los contactos entre el fiscal que investiga a González Amador y el abogado de éste. En esos correos electrónicos queda patente que fue el letrado quien ofreció un acuerdo de conformidad para evitar la querella y éste pasaba por reconocer los delitos y el pago de una multa. Esa nota de prensa se elaboró desde Fiscalía basic por orden de García Ortiz como él mismo ha reconocido públicamente. Sin embargo, para el Supremo el foco de gravedad radica en que la noche anterior a esa nota de prensa algunos medios ya publicaron el contenido de esos correos y ahí es donde puede haberse producido el delito. El novio de Ayuso señala al fiscal basic como el autor de la revelación. Para descubrirlo, ha pedido que se investiguen los teléfonos de los periodistas que dieron las noticias aquellos días, una petición todavía no resuelta por el juez.
El trasfondo de la investigación es si ha habido una utilización política de la Fiscalía por parte del Gobierno
Se suman dos elementos. Una asociación de fiscales, APIF, también acusa de estos hechos al considerar una actuación impropia del máximo representante del ministerio público que perjudica a la imagen de la Fiscalía. A estos se añaden el Colegio de Abogados de Madrid, que ve de extrema gravedad que se haya publicitado los contactos privados y confidenciales entre un abogado y un fiscal, en el marco de una negociación-
El trasfondo de esta historia es que el Supremo quiere descubrir si se está utilizando a la Fiscalía como instrumento para la contienda política dirigida por el Gobierno. ¿Hasta dónde pretenderá llegar?
