El fiscal basic del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece este miércoles como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que le investiga por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz llegará como fiscal basic, después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo acordara este martes, por unanimidad, mantenerle al frente de la Fiscalía General, al desestimar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su nombramiento.
Será la primera vez que el jefe del Ministerio Público declare como investigado ante un tribunal
Fuentes jurídicas consultadas por EFE prevén que el interrogatorio será muy largo, siempre que no se acoja a su derecho a no declarar.
García Ortiz está citado a las 10.00, una vez que el juez rechazó posponer su declaración como había pedido la Abogacía del Estado, hasta practicar una serie de diligencias, como la citación de González Amador, o la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, peticiones que el juez ha rechazado.
La expectación es enorme ante lo que tenga que responder al juez sobre lo ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía publicó por orden suya una nota informativa para desmentir una noticia de El Mundo del día 13 sobre que el fiscal ofrecía un pacto al letrado de la pareja de Ayuso, a partir de un correo enviado el día 12, cuando luego se demostró que period al contrario.
Pero eso no es lo que investiga el juez, que tiene la vista puesta en los correos que el fiscal Julián Saltó se intercambió con el letrado, especialmente el del 2 de febrero en el que el abogado reconocía la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021” por parte de González Amador y que fue filtrado a la prensa.
Lo dejó claro en su auto de este lunes cuando dijo que “no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia”.
Porque “más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador”, para que aparezca en determinados medios y ámbitos que “González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
El fiscal basic encara el interrogatorio ante un magistrado que considera que “hay una base indiciaria para presumir la relevante participación” de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su “participación preeminente” en los hechos.
Por eso sospecha que “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.
Ahora bien, el fiscal basic sostiene que ni él ni su entorno han filtrado los correos que se investigan del mismo modo que sí asume la responsabilidad de la nota para defender a la Fiscalía de un “bulo”.
En su defensa y en la de la otra investigada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la Abogacía del Estado ha cuestionado que, a lo largo de la instrucción, el juez haya omitido y “desdeñado” los “múltiples contraindicios que articulan una explicación alternativa y razonable” de lo ocurrido y que refuerzan que no concurren “sospechas fundadas” contra ellos.
