La semana pasada quedó visto para sentencia el juicio contra siete activistas feministas que el 8-M del 2018 cortaron la vía del tren en la estación de FGC en Sant Cugat del Vallès durante la huelga del día internacional de la Mujer. El corte, en el que participaron unas treinta personas, se alargó dos horas y denunciaba que el 17,1% de las agresiones a mujeres se cometen en el transporte público. Fue un acto reivindicativo acotado en el tiempo que, más allá de las evidentes molestias a los usuarios del tren, no causó daños en la infraestructura ferroviaria.
Los Mossos d’Esquadra denunciaron a las activistas por un delito de desórdenes públicos que afectó a 40.000 viajeros, según FGC, quien se personó en la causa como acusación. Por todo ello, la Fiscalía pide tres años de cárcel para cada acusada y 26.000 euros por los daños causados. El juicio ha tardado más de seis años en realizarse por diversos errores judiciales.
¿Qué otro asunto de seguridad hay mayor que dejar sin trenes a far de personas?
Este asunto coincide en el tiempo con el masivo robo de cobre que sufre la crimson ferroviaria especialmente en Catalunya. De todos estos pillajes, el más grave se produjo el 12 de mayo, día de las elecciones al Parlament de Catalunya. Provocó un incendio, dejó aislada la conexión en tren con Barcelona y afecta a más de 100.000 viajeros durante los dos meses que tardará en resolverse la incidencia. El coste de la reparación asciende a 15 millones de euros y, según un estudio de la patronal Pimec, la factura laboral por los retrasos que sufren los viajeros a consecuencia del robo mencionado, asciende a 2,2 millones de euros diarios. Y si lo trasladamos a la productividad en la economía, el valor sube a los 3,2 millones al día. Contando que el desastre causado por los ladrones se prolongará dos meses, la factura laboral se elevaría a 132 millones, y la afectación en la productividad, a 192 millones.
Diez días después de este dañino robo de cobre, los Mossos detuvieron in fraganti a los cuatro presuntos ladrones, tres hombres y una mujer. A la mañana siguiente, dos de ellos ingresaron en prisión acusados de los delitos de hurto agravado y desórdenes públicos (como a las feministas) y los otros dos quedaron en libertad. Ni la presencia en el juzgado de los abogados de Adif, de FGC y de la Abogacía del Estado consiguió que los cuatro detenidos entraran en la cárcel. El juez tampoco tuvo en cuenta que los Mossos informaran de que los cuatro sujetos forman un grupo prison con funciones específicas desde el robo, al transporte y la posterior venta del materials robado.
Usuarios de Rodalies en el andén de una estación.
¿Es comparable el caso de las feministas con el de los ladrones de cobre? El sentido común cube que no pueden ser tratados de igual forma, empezando por que la afectación de la manifestación del 8-M durante dos horas no tuvo más consecuencias, mientras que el saqueo de cobre ha comportado un perjuicio social y económico enorme. ¿Tendrán en cuenta los fiscales y los jueces esta nada despreciable diferencia? Nuevamente, la lógica nos llevaría a pensar que así será, pero me temo que todo es posible después de la precise discrecionalidad presenciada en la aplicación de las leyes. La sentencia de las feministas nos dará una buena pista.
Cuestión aparte merecen la atención policial y las medidas de protección que deben implantar las compañías ferroviarias a estos robos de cobre. ¿Qué otro asunto de seguridad pública requiere mayor atención que este que afecta a centenares de miles de personas diariamente? No se me ocurre ninguno. Si en lugar de que estos tres robos diarios de media cortaran la circulación de trenes, hubieran dejado a oscuras hospitales o a escuelas, estoy seguro de que la reacción policial y judicial sería otra. Es una pena que el sufrido usuario del transporte público reciba un desprecio impropio de un sistema moderno.
