El giro proteccionista, unilateral y arbitrario de Estados Unidos exige una respuesta política firme y coordinada. Para España, el impacto de este verdadero cambio de paradigma en las relaciones internacionales puede ser significativo, especialmente si se responde de forma descoordinada o reactiva. La contestación ha empezado a articularse dentro del marco de la UE, que debe ser el primer escudo. El plan de respuesta debe ofrecer garantías a los sectores nacionales afectados, apoyo a la industria, protección del empleo, instrumentos financieros y medidas fiscales si fuera necesario. También debe estar alineado con los principios y prioridades europeas: transición ecológica, cohesión territorial y justicia social. Ese diseño plural, a largo plazo, será el mejor escudo frente al proteccionismo. La Comisión mantiene abiertas negociaciones con Washington, pero, tal y como señaló el ministro de Economía en este periódico, Carlos Cuerpo, España debe estar preparada para actuar “en cuanto se abra una ventana de oportunidad”.
La mejor manera de blindar nuestra posición en la negociación europea se hará asegurando internamente unidad, la escucha recíproca y, sobre todo, sentido de país por parte de todos los actores políticos. El consenso no es una opción retórica: es una necesidad estratégica. Además de activar un escudo protector para los sectores afectados, España necesita proyectar fortaleza y estabilidad. Esa fortaleza empieza por desterrar decisiones unilaterales y cálculos partidistas: exige una respuesta de país que debe liderar el Gobierno pero que va más allá de él. Cuerpo ha señalado que el plan nacional de réplica a los aranceles se haría con diálogo social, territorial y parlamentario. Empresarios y trabajadores conocen de primera mano el impacto actual sobre los sectores clave; y el concurso de las comunidades autónomas es imprescindible, pues los efectos serán desiguales según el tejido productivo de cada territorio.
El diálogo con los grupos parlamentarios no se puede limitar a una consulta formal o una escenificación institucional. La polarización que caracteriza nuestra realidad política no debe lastrar la construcción de una respuesta eficaz. Desgraciadamente, nuestra situación política está lejos de la unidad que exige este momento. El PP ha visto hasta ahora condicionada su posición a los intereses de la extrema derecha de Vox. Alberto Núñez Feijóo tiene el reto de evitar que esa alianza limite su capacidad en términos de la autonomía y la coherencia que exige la familia política europea que representa. El PSOE también enfrenta sus propios desafíos como principal partido del Gobierno. Aliados de izquierda como Podemos, EH Bildu, ERC o Sumar no siempre coinciden cuando se trata de defender el consenso europeo, que hoy gira en torno a una cuestión esencial: defender a Europa frente a las embestidas de Trump y Putin. Y el europeísmo español es una realidad sociológica transversal del que solo escapa el mundo de Vox. Los partidos deben tomar posición claramente como ya lo están haciendo los agentes sociales. Aquellos que antepongan sus intereses partidistas a la defensa de ese consenso estarán condenados a quedar atrapados en la misma polarización que en EE UU ha fracturado al país y alimentado un extremismo fuera del sistema de reglas compartidas. La amenaza que afecta al conjunto de la economía española es sobre todo una prueba de madurez democrática.
España tiene el reto de actuar con unidad. Los intereses económicos nacionales, la protección de nuestras industrias y el bienestar de la ciudadanía exigen una acción conjunta, decidida y respaldada por el mayor apoyo posible. Esta vez el Gobierno ha dado un primer paso diferencial hacia el principal partido de la oposición, que además se muestra dispuesto a escuchar. Pero todas las fuerzas que se puedan acumular son necesarias. Lo que está en juego no es solo el comercio internacional, sino la solidez de nuestra democracia y nuestra credibilidad como socio comunitario en defensa del modo de vida europeo del que España, afortunadamente, forma parte.