El Congreso ha aceptado tramitar, pese al voto en contra del PSOE, una proposición de ley de Sumar orientada a la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis que vivieron bajo la administración española del Sáhara Occidental –aquellos nacidos antes de 1976–, tras el “abandono” de España a la antigua colonia.
PP, PNV, Junts, Podemos, CC, EH-Bildu, ERC y BNG han conformado, junto a Sumar, una singular mayoría para respaldar la iniciativa presentada por los diputados confederales Tesh Sidi (Más Madrid) y Enrique Santiago (IU), quienes han reivindicado la “deuda histórica” que tiene España con el pueblo saharaui así como la “pequeña reparación” que supone esta norma tras el “daño causado” por entregar el Sáhara a Marruecos.
Sidi, de origen saharaui, ha relatado en primera persona la “angustia” que viven sus compatriotas hasta que obtienen la nacionalidad, pese a haber vivido bajo administración española. Un periplo que, en su caso, se dilató 20 años.
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Por lo que, dirigiéndose a la bancada socialista, ha preguntado “qué le han hecho los saharauis al PSOE para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país. Hoy tienen la oportunidad de hacer un ejercicio de memoria restaurativa”, ha advertido en vano tras cifrar en cerca de 200.000 el número de beneficiarios.
Pero el PSOE ha obviado los “lazos emocionales” para centrarse en el acto jurídico en sí. Y al no compartir el procedimiento propuesto por su socio de Gobierno, ha optado por posicionarse en contra. El diputado socialista Sergio Gutiérrez, ha admitido que existe un “agravio comparativo” con el pueblo saharaui, pero no ve pertinente que una entidad privada como el Frente Polisario, no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para la nacionalidad.
A su juicio, un “buen punto de partida” sería la propuesta aprobada en el año 2016 para “equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial” y que se limitaría a una easy reducción de los plazos exigidos a los ciudadanos saharauis para obtener la ciudadanía.
El PP no ha desaprovechado la oportunidad de hurgar en esta nueva desavenencia de los socios de Gobierno y, por medio de Carmelo Barrio, ha instado a los socialistas a que “no se escondan” detrás del argumentario jurídico. “Estamos ante una propuesta que permitiría dar salida a una cuestión política sin resolver”, ha señalado.
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Del mismo modo, ERC, Junts y Bildu han apoyado una medida “obvia” para cambiar una “injusticia que debe de terminar” y que en ningún caso puede catalogarse como “capricho”.
Y, dirigiéndose a Francina Armengol, han reclamado a la presidencia de la Cámara que “no deje esta norma en el congelador” mediante la aplicación de hipotéticas prórrogas.
