El próximo martes 25 de febrero será, finalmente, la fecha en la que el Congreso de los Diputados debatirá sobre la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteada por Junts y cuya tramitación ha tensado durante semanas la relación de la formación posconvergente con el Gobierno de coalición.
Junts ha escondido durante horas su decisión. Durante la Junta de Portavoces que ha ordenado el pleno de la próxima semana, y que se ha celebrado este mediodía, la formación que lidera Carles Puigdemont optó por mantener una proposición no de ley (PNL) sobre costas y no cambiarla por la que versa sobre la cuestión de confianza. Aunque, a primera hora de la tarde, ha decidido finalmente intercalar sus proposiciones no de ley para dar prioridad a la cuestión de confianza.
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La tramitación de la PNL ha conllevado muchas idas y venidas hasta que el pasado día 4 logró, previa reformulación por parte de la formación posconvergente, el visto bueno de la Mesa para su tramitación. Un desbloqueo que llegó tras el acuerdo entre el PSOE y Junts para que los de Puigdemont apoyaran el decreto tramitado por el Gobierno para salvar el escudo social, que había sido tumbado una semana antes dentro del paquete ómnibus.
Sánchez ha reiterado que “no ve necesidad” de someterse a ella, por lo que no lo hará
El primer redactado de la PNL decía que con esta proposición no de ley “el Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza”. Y en la reformulación, Junts especificó que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y se especifica que es solo una iniciativa política sin efecto jurídico vinculante para el Gobierno.
De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha certificado que había llegado a un acuerdo con este partido para admitir a trámite su iniciativa sobre la cuestión de confianza, pero afirmó que el Gobierno “no ve necesidad” de someterse a ella, por lo que no lo hará.
En una rueda de prensa para defender el nuevo actual decreto, el líder del Ejecutivo reiteró que la “competencia constitucional recae en la presidencia del Gobierno con previa deliberación del Consejo de Ministros” cerrando así la puerta a la petición de Junts.
