Los grupos progresista y conservador del Consejo Basic del Poder Judicial (CGPJ) han pactado este martes el nombramiento de más de 40 altos cargos judiciales, entre ellos las presidencias de dos salas del Tribunal Supremo, la Primera (Civil) y la Cuarta (Social). Los vocales no han logrado por ahora un acuerdo sobre las dos salas clave del alto tribunal, la Segunda (Penal) y la Tercera (Contencioso-Administrativo), cuyas presidencias también está vacante y que la presidenta del órgano, Isabel Perelló, había incorporado al orden del día del pleno que se celebrara este miércoles. Fuentes consultadas en ambos sectores consideran que lo previsible es que la votación de ambas salas se retire del orden del día. Aunque algunos vocales consultados no descartaban cambios de última hora, la mayoría prevé que sí se voten y salgan adelante el resto de plazas acordadas, que incluye designar como presidente de la Sala Civil a Ignacio Sancho, único candidato que se postuló, mientras que en la de la Sala Social se situaría, según estas fuentes, Concepción Ureste, la candidata a la que apoyaban de inicio los progresistas. Para la presidencia de la Audiencia Nacional, otro de los puestos en liza, los grupos se inclinan por Juan Manuel Fernández, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y vocal a propuesta del PP del anterior CGPJ.
Cada negociación del nuevo CGPJ se está convirtiendo en un largo tira y afloja en que los acuerdos alcanzados por los vocales que ejercen como negociadores saltan por los aires cuando ya todo parece hecho. Así ocurrió hace dos semanas, cuando la presidenta se vio obligada a retirar del orden del día una treintena de nombramientos de la cúpula judicial, entre ellos la presidencia de la Audiencia Nacional y de sus cuatro salas (de apelación, penal, social y contencioso-administrativo), además de la presidencia de varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Conservadores y progresistas habían alcanzado un preacuerdo que se rompió en el último momento. Los conservadores acusaron a los progresistas de bajarse del pacto, mientras fuentes progresistas aseguraron que el otro grupo cambió su propuesta en la recta remaining de la negociación. Dentro de los progresistas, además, algunos vocales consideraban que no debían aprobar más nombramientos si los conservadores no accedían a negociar la cúpula del alto tribunal.
La negociación se ha retomado en los últimos días y, a finales de la semana pasada, había un preacuerdo para asignar las plazas que quedaron pendientes hace dos semanas e incluir las presidencias de las Sala Primera y Cuarta del Supremo. Pero Perelló incorporó también en el orden del día del próximo pleno, remitido el pasado viernes a los vocales, la presidencia de la Sala Penal —presidida hasta noviembre por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en última instancia los grandes casos de corrupción— y la Tercera —competente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno—, una decisión que sorprendió a consejeros de ambos grupos porque no había ningún avance sobre ellas. Fuentes de ambos sectores daban casi por imposible que pudieran llegar a un acuerdo para esos dos puestos antes del pleno del miércoles, y la negociación se ha centrado en cerrar flecos del resto de plazas. Las conversaciones han seguido con vaivenes hasta la tarde del martes, cuando los conservadores, que el lunes se bajaron del acuerdo, han dado el sí que fuentes de ambos grupos consideran definitivo.
La decisión de dejar fuera las dos salas clave del Supremo no convence a algunos vocales progresistas, que consideran que, si aceden a votar los más de 40 nombramientos pactados y a dejar pendiente la presidencia de la Sala Segunda y Tercera, los conservadores ya no van a tener ningún incentivo para negociarlas. Con todo, consejeros consultados que comparten esta tesis, están dispuestos a apoyar el acuerdo alcanzado ahora por “responsabilidad institucional”. El grupo progresista ha convocado una reunión interna el martes a las nueve de la mañana, media hora antes del inicio del pleno para debatir algún fleco pendiente, y algunos vocales no descartan plantear la posibilidad de desmarcarse del acuerdo international en algún puesto concreto propuesto por los conservadores del que ellos discrepan.
La estrategia de los conservadores es aparcar la designación de las presidencias de la Sala Segunda y Tercera porque ambas salas están presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Andrés Martínez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. Las candidatas progresistas son Ana Ferrer (Penal) y Pilar Teso (Contencioso-Administrativo), a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres, una cuestión que ha centrado el debate de los nombramientos porque la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado y que establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”. Pese a que el Consejo y el alto tribunal están por primera vez presididos por una mujer, no hay ninguna magistrada al frente de una sala (solo se ha elegido a una en toda la historia del tribunal) y, en el cómputo international de magistrados, con 31 plazas vacantes, hasta hace dos semanas solo había diez mujeres, frente a 41 hombres. Tras la primera tanda de nombramientos acordada el pasado 29 de enero, en el que se nombró a 21 nuevos magistrados del alto tribunal, la presencia de mujeres asciende a 18. Si el pleno de este miércoles ratifica lo pactado entre ambos grupos, habrá de nuevo una magistrada al frente de una sala, la Social.
