Miguel Ángel López, director de una funeraria de Tibú, se dedicaba a recuperar los cadáveres que aparecían en los caminos de una de las regiones más conflictivas de Colombia, el Catatumbo. El 15 de enero, fue asesinado junto a su esposa y su bebé de 10 meses mientras manejaban en el coche fúnebre hacia Cúcuta, según los medios locales. Solo sobrevivió su hijo de 10 años.
Menos de 24 horas después, varios excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC fueron asesinados. Otros miles han huido desde entonces en un conflicto entre el ELN y el Frente 33, un grupo disidente de las FARC que ya se ha cobrado la vida de al menos 80 personas y ha desplazado a comunidades enteras.
“Todos los líderes de derechos humanos tuvieron que salir de la zona por las amenazas del ELN y en esa salida de la zona hubo masacres, asesinatos selectivos de líderes, muertes de familiares, porque recordemos que en el Catatumbo las familias se componen muchas veces de un primo que está en las disidencias de las FARC y un tío que está en el ELN”, explica Diego Andrés García, que trabaja en la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y coordina la respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones.
Más de 53.000 personas se han trasladado a los núcleos urbanos, como Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde las agencias de la ONU y otras organizaciones está ayudando a los ayuntamientos a darles refugio y ayuda de emergencia.
“Lo perdí todo, tuve que salir sin nada. No hubo tiempo”, contó María*, una las desplazadas a ACNUR.
Vídeos que circulan en redes sociales han capturado el horror de la violencia. ‘Plomaceras’ (tiroteos), vecinos que escapan a través de caminos, en motocicletas, o en lanchas. Maestros de áreas remotas que abandonan sus puestos, dejando a 46.000 niños sin posibilidad de ir a la escuela.
“Nosotros nos fuimos con mucho miedo. Mi tierrita la dejé allá. Mi familia y yo quedamos separados”, dijo Sebastián*.
El Catatumbo, “casa del trueno” en la lengua del pueblo Barí, es una región remota y pobre, pero de gran diversidad biológica y riqueza pure, atravesado por numerosos ríos y quebradas en el noreste del país, que hace frontera con Venezuela. Es un territorio en disputa entre grupos armados debido a su importancia para la minería, la producción de coca y el tráfico ilícito y a la escasa presencia del Estado. En los últimos meses, se ha pasado de una tensa coexistencia entre grupos armados a una guerra abierta por el management del narcotráfico.
En respuesta a la disaster, el presidente Gustavo Petro declaró el “estado de conmoción” en Catatumbo y desplegó unidades militares de reacción rápida en Ocaña, Norte de Santander. El presidente colombiano también decidió romper las negociaciones de paz con el ELN el pasado 17 de enero.
“Ahora hay unos hostigamientos muy fuertes por parte del Ejército al ELN y las disidencias de las FARC, y tenemos nuevos desplazamientos”, añade García.
“Estoy embarazada, tuve que salir rápido de mi casa y estoy sola acá”, dijo Laura*. “Nos fuimos con mi familia juntos. Había un señor de 70 años solo, sin familia, cerca de mi casa. Nos fuimos con él porque no podíamos dejarlo solo… Ahora es parte de nuestra familia”, añade José*.
“Hay firmantes de paz asesinados, líderes asesinados, cuerpos que aún siguen allá tirados y no se han recogido. Toda la estrategia del ELN es minar las escuelas, los puestos de salud… y posteriormente quitarles todas las tierras a los líderes que desplazaron” detalló el responsable de ACNUR.
Respuesta humanitaria
Las agencias de la ONU ayudan a las personas desplazadas, entregando agua y alimentos, kits de higiene, mantas y colchonetas… en Cúcuta (23.066 personas desplazadas), Tibú (13.541 desplazados) y Ocaña (10.285 desplazados).
Pero atrás, en las montañas, miles de personas han quedado atrapadas en sus casas. Casi 8500 personas están “confinadas” en veredas de las que no pueden salir y a las que no llega la ayuda y otras 19.000 tienen restricciones para desplazarse a otros núcleos de población.
“Nadie ha podido acceder a esa población, porque no tenemos garantías de acceso humanitario, porque todavía hay enfrentamientos, porque hay campos minados y porque el ELN no nos deja entrar”, explicó García. “Estamos esperando que lleguen garantías del acceso humanitario para que con los socios podamos desplegar respuestas”.
“A penas las personas confinadas puedan salir, dirán ‘no yo aquí no me quedo. ¿Cómo me voy a quedar si la escuela está minada? ¿Cómo me voy a quedar si me dijeron que si salía me mataban? Seguramente vuelvan a desplazarse”, añadió.
En la primera fase de la emergencia, las agencias respondieron con los fondos locales para Norte de Santander.
Pero una emergencia de esta magnitud, con 80.000 afectados, “desborda la capacidad de los socios, de las instituciones e incluso del Gobierno nacional”, añade el trabajador humanitario.
“Solo pude venir con mis hijos porque mi esposo se quedó cuidando a los animalitos en la finca. Donde me estoy quedando me dieron unas sábanas, pero estamos durmiendo donde podemos”, explicó Sol*, una de las albergadas.
El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, “ha aprobado la asignación de 3,8 millones de dólares a Colombia del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF)”, que permitirán ampliar la respuesta a los confinados, “sin descuidar lo que tenemos acá”, cube García sobre los desplazados.
Los nuevos fondos se destinarán a complementar la respuesta en temas de protección.
refugio, agua y saneamiento, educación, salud y seguridad alimentaria y nutrición.
Venezolanos “sin redes de apoyo”
En los últimos años, miles de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia y muchos se asentaron en el área de Cúcuta.
En el Catatumbo, viven 42.023 personas de nacionalidad venezolana según Migración Colombia de los que 4600 se han visto desplazados.
La mayoría se gana la vida en las economías ilícitas. “No son guerrilleros, ni comercian, pero trabajan en la cadena de estas economías raspando coca, en las cocinas…”, explica el representante de ACNUR.
Los venezolanos no van a regresar al Catatumbo “porque no tienen un arraigo, no tienen sus redes de apoyo”, por lo que algunos optan por volver a Venezuela y otros por quedarse en los centros urbanos colombianos.
Son personas con “grandes carencias de orientación y formación”. “Es una población que como estaba inmersa en el Catatumbo, no sabe que es el Permiso Especial de Permanencia (PEP), no sabe que hay una migración Colombia, no saben que tienen derecho a regularización, están irregulares”, señala García.
La guerra por la cocaína
Seis décadas de conflicto en Colombia han matado a 450.000 personas y desplazado a ocho millones.
Hace ocho años el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz, que ha alcanzado progresos notables.
Sin embargo, la retirada de las FARC de regiones como el Catatumbo creó un vacío de poder que llenaron otros grupos armados, como el ELN y las disidencias de las FARC.
Este cambio reavivó las disputas territoriales en el Catatumbo, una de las zonas más complejas en el contexto del conflicto por tratarse de una región remota y fronteriza con Venezuela, que alberga petróleo en su subsuelo y es el mayor enclave de cultivos de coca y donde tienen presencia varios grupos armados.
Tibú, en la frontera con Venezuela, es el municipio de Colombia con más hectáreas de coca, con 23.030 según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). La región del Catatumbo es la tercera del país con 43.867 hectáreas, por detrás de Pacífico (107.078 hectáreas) y Putumayo Caquetá (56.933 hectáreas).
El 16 de enero de 2025, las tensiones entre el ELN y el Frente 33 estallaron en violencia abierta. Según Diego Tovar, uno de los exguerrilleros los firmantes del Acuerdo de Paz, “ésta es la mayor disaster humanitaria a la que nos hemos enfrentado en Colombia desde que firmamos el acuerdo”.
“El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia, que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el management territorial y social”, dijo recientemente Carlos Ruiz Massieu, el responsable de la Misión de la ONU encargada de verificar el acuerdo de Paz, al Consejo de Seguridad.
“La mayoría no quieren regresar”
Los campesinos que han tenido que huir pierden además de su casa, su forma de ganarse la vida: los animales y la tierra.
“Hay familias que han intentado regresar porque han tenido presiones de que les van a quitar sus tierras, sus animalitos, sus cultivos. Y han llegado y han tenido que volverse a desplazar. O hay familias que cuando llegaron otra vez se encontraron con otro metido en la tierra”, cuenta García que asegura que no se dan las condiciones para el retorno. “Los alcaldes tienen una preocupación muy grande y es que la mayoría de esa población creo que va a quedar inserta en los cascos urbanos. Lo que históricamente pasa es que suben los índices de pobreza extrema llegan a los asentamientos humanos informales…”
Unos 46.900 niños se han quedado sin poder ir a la escuela y están retomando las clases en centros de Tibú, Ocaña y Cúcuta. UNICEF y otras agencias están entregando kits educativos, kits de apoyo en salud psychological para niños, niñas y adolescentes
El coordinador también destaca que es necesario proteger a los niños y mujeres que viven en albergues. “Se exacerban los riesgos de violencia basadas en género. Puede haber situaciones delicadas de reclutamiento de menores, infiltración del ELN en estos lugares… Hay que seguir acompañando fuertemente a las instituciones para que esos albergues tengan el enfoque de protección”.
“Tenemos que entender que puede ser una emergencia que se extienda en el tiempo”, señala García.
“Lo único que queremos es volver, pero no se puede”, concluyó Santiago*.
*Los nombres se han cambiado para proteger su identidad
**El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) es una de las formas más rápidas y eficaces de garantizar que la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia llegue a las personas atrapadas en las disaster.
