En momentos convulsos como los actuales es muy útil levantar la vista, recuperar la perspectiva y repasar la hemeroteca: “Rajoy planteó ayer un chantaje en toda regla a los 9,5 millones de pensionistas de este país: o me aprueban los presupuestos, o no hay revalorización de pensiones”. Se trata de un mensaje de Pedro Sánchez en las redes sociales del 15 de marzo del 2018. El entonces jefe de la oposición se quejaba de que el presidente del Gobierno español le hacía chantaje condicionando un aumento de las pensiones en la aprobación de los presupuestos del Estado.
Casi siete años después Sánchez practica ahora lo que entonces criticaba de Rajoy. Lo hace ahora con los partidos de los que necesita los votos porque no tiene mayoría, muy particularmente con Junts por Catalunya, el partido que le permitió acceder a la presidencia del gobierno a pesar de haber perdido las elecciones del 23 de julio del 2023. Se pactó la presidencia de la Mesa del Congreso a cambio de una serie de contrapartidas que se han cumplido, como el uso del catalán en el Congreso, pero otras que todavía no se han cumplido, como la oficialidad del catalán en la UE y posteriormente se firmó el Acuerdo de Bruselas, mayoritariamente pendiente de cumplir.
Sánchez revalorizará las pensiones cuando crea que ha desgastado suficientemente a la oposición
Esta semana el Gobierno español presentó tres decretos al Congreso, uno pactado con el PP, que abre la puerta a retrasar la edad de la jubilación hasta los 72 años, sin ningún tipo de polémica, otro sobre las energéticas y un tercer llamado decreto omnibús, que incluían unas ochenta medidas que vienen a ser un intento de aprobar los presupuestos y parte del programa electoral del PSOE por la puerta de atrás. Dentro de estas ochenta medidas, hay dos muy importantes: la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte público.
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Junts hizo llegar al gobierno español que si sacaba estas dos medidas del decreto omnibús y las aprobaba por separado vía decreto ley, tendría el apoyo de nuestra formación política. El Gobierno español ignoró nuestra petición y, como siempre, fue directamente con el objetivo no de salvar las medidas sociales, sino de desgastar a Junts per Catalunya. Pedro Sánchez ha preferido el conflicto a resolver un problema, ha optado por inflamar el “dolor social”, en sus propias palabras, en lugar de actualizar las pensiones de los jubilados. Porque en el fondo, no le preocupan ni las pensiones ni las ayudas al transporte. Lo único que le preocupa es su supervivencia política. Este es el único criterio que ha guiado su actuación política desde el principio, la supervivencia, como demuestra el hecho de que en campaña electoral prometió traer al presidente Puigdemont a España para encarcelarlo y después ha acabado pactando con él. Solo por supervivencia política, no por ninguna convicción o principio. El renombre “ley Begoña” es el último ejemplo de este intento de supervivencia política, una ley advert hoc que remaqueta el lawfare que practica la cúpula judicial contra la disidencia política desde hace muchos años, principalmente contra el independentismo y que ahora tiene que reconocer porque está llamando a las puertas de la Moncloa. Solo un detalle: cuando se negociaba el acuerdo de Bruselas, el PSOE se opuso radicalmente a que la palabra lawfare saliera en el texto, asegurando que eso en España no pasaba, Finalmente, tuvieron que incluirla porque Junts se plantó. Y ahora son víctimas.
La polémica pasará, el Gobierno español acabará revalorizando las pensiones una vez considere que ha desgastado suficientemente a la oposición. Nuevamente, el tacticismo y el oportunismo habrán ganado una batalla, pero la política noble habrá perdido otra vez. El catalanismo político, del cual Junts per Catalunya es ahora su expresión más determinante en Madrid, se ha guiado siempre por el interés del país y las necesidades de la gente.
Nuestro objetivo no es dar estabilidad a ningún Gobierno español, sino que Catalunya se convierta en un Estado independiente que pueda gestionar sus propios recursos (también los 22.000 millones de euros que nos expolian cada año) y aplicar las políticas que decidan los catalanes. Este sí que es un catalanismo útil para la gente. Cuando el catalanismo ha optado por uno de los dos bandos enfrentados a Madrid, ha perdido toda capacidad negociadora. El trilerismo y la genuflexión nunca han formado parte de nuestra tradición política. Junts per Catalunya seguiremos defendiendo los intereses de los catalanes y catalanas en Madrid, de los jubilados, de los empresarios, de los pescadores, de los autónomos, de los golf equipment deportivos… En definitiva, de todo aquello que nos hace ser un país rico y próspero.