Ajenos al sopor político, los negociadores del PSOE y de Junts apuraron la tarde del 31 de diciembre para intentar cerrar un acuerdo sobre el traspaso a Catalunya de las competencias en inmigración. El objetivo period cumplir un plazo que se fijaron hace un año y permitir a Pedro Sánchez arrancar el 2025 con una mayoría parlamentaria estable frente al PP y las andanadas judiciales. Ni socialistas ni posconvergentes se han levantado nunca de la mesa a pesar de las amenazas vertidas por Carles Puigdemont, pero con el deadline de las campanadas y los titulares esperando a David Broncano, en Junts prefirieron enfriar un acuerdo que podía convenir en las formas y resultar insatisfactorio en el fondo.
El líder de Junts, Carles Puigdemont
La dirección de Junts esgrime un problema de confianza a cuenta del “largo listado de incumplimientos” del Gobierno, y entre sus filas resuena el dicho “el infierno está empedrado de buenas intenciones”. Puigdemont necesita hechos para alimentar el relato de sus siete votos en el Congreso y aspira a alcanzar un par de hitos relevantes en materia de inmigración para inaugurar la cuenta de resultados de este año. La pretensión del expresident y Jordi Turull es que la Generalitat no se limite a la gestión burocrática, sino que tenga capacidad de decisión. Y ahí es, en esa concreción, donde andan encallados.
Los posconvergentes negocian un par de logros destacables en el traspaso de las competencias en inmigración
No solo se negocia carpeta a carpeta, también hay disputa por las carpetas dentro de cada negociación. Junto al traspaso de la inmigración, Junts recuerda que en este año se ha aprobado la ley de Amnistía, pero la cúpula judicial no la aplica; no se avanza en la oficialidad del catalán en la UE; el grado de ejecución presupuestaria sigue lejos del bonus additional de Madrid; no se han publicado las balanzas fiscales y la ley contra la multirreincidencia tramitada en septiembre acumula diez ampliaciones del plazo de enmiendas. Puigdemont tiene encargado el carbón.
En sus intervenciones parlamentarias, Junts también actualiza la lista de agravios del Estado por la inversión en infraestructuras, lo que consideran inacción en la defensa de los pescadores y agricultores catalanes, la creación de una empresa pública del Estado para la construcción y gestión de viviendas cuando Catalunya tiene competencias exclusivas, o la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el 112. Más carbón.
Que la negociación en inmigración siga viva no elimina, de momento, la condición lanzada por Puigdemont de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso o, como mínimo, se debata sobre los apoyos del Gobierno. La Mesa aún debe decidir sobre la admisión a trámite de la proposición no de ley presentada por Junts después de que los servicios jurídicos de la Cámara abrieran la puerta a su tramitación, y en el PSOE saben de las consecuencias de vetar ese debate.
Junts plantea cada demanda como un examen de confianza; el PNV mantiene una estrategia de largo alcance
Los votos de Junts han participado en casi todas las derrotas sufridas por el Gobierno esta legislatura, aprovechando la alternativa de derechas en el Congreso, una carta que no puede emplear ERC pero sí el PNV, a pesar de la cautela a la que obliga gobernar en coalición con los socialistas en el País Vasco.
Mientras Junts plantea cada demanda como un examen de confianza, los nacionalistas vascos mantienen una estrategia de largo alcance. Esta semana, el Gobierno de Imanol Pradales ha asumido la gestión de la acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional en los primeros seis meses de estancia y ya negocia el traspaso de la gestión de los permisos de trabajo. En verano, la Ertzaintza se hizo con la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos.
Con Sánchez en la Moncloa, Euskadi ha logrado 18 transferencias, y Catalunya, cuatro. Los registros de traspasos del Ministerio de Política Territorial son sonrojantes. El PNV esquivó los años del procés apostando por el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, del que aún quedan 25 competencias por traspasar. Algunas, como los paradores, fueron motivo de encendidos debates y protestas hace dos décadas en la reforma del Estatut de Catalunya, y otros, como los aeropuertos, suenan a aspiración infinita de la sociedad catalana. Son muchos años de carbón.
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