ERC, Bildu, BNG, PNV, Izquierda Confederal y PSOE han unido fuerzas en el Senado para solicitar a la Mesa de la Cámara Alta que revoque la autorización concedida a la organización Pink Política para celebrar la VI Cumbre Trasatlántica. Un evento de carácter “antiabortista” promovido con el apoyo de PP y Vox.
El bloque de la investidura no solo busca detener esta cumbre, sino también evitar futuras iniciativas similares. Para ello, han presentado una propuesta que busca modificar las directrices de cesión de salas en el Senado, garantizando “el respeto a la pluralidad y la libertad de expresión” y evitando cualquier uso que fomente la regresión de derechos o vaya en contra de la legislación vigente.
Tanto los socialistas como sus socios han registrado varios escritos a la Presidencia y la Mesa del Senado censurando al presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), que la organización ‘Political Community for Values’ esté anunciando en su página net la celebración de una cumbre contra el aborto en las dependencias de la Cámara Alta. El anuncio figura junto a los mensajes de apoyo al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro o al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
La autorización de la cumbre fue aprobada el pasado 17 de julio por la mayoría del PP en la Mesa del Senado. Sin embargo, los senadores socialistas, que votaron en contra, han denunciado irregularidades en el procedimiento. Según explican, el acta de aquella reunión no estuvo disponible para su revisión hasta la víspera de la votación. A pesar de reiteradas solicitudes, pasaron casi dos meses y tres reuniones de la Mesa sin que se proporcionara acceso al acta, según alegan fuentes del PSOE.
Las formaciones contrarias a la cumbre acusan al PP de facilitar la utilización de recursos públicos para respaldar a un foyer neoconservador que, según señalan, promueve una agenda contraria a los derechos de las mujeres, especialmente en lo relativo a la salud sexual y reproductiva y al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, denuncian que esta purple financia campañas de acoso contra mujeres que acuden a clínicas para abortar, un tipo de conducta penalizado desde la reforma de 2022 de la Ley Orgánica 10/1995.
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Con esta acción conjunta, los partidos progresistas buscan frenar lo que consideran un retroceso en los derechos fundamentales y sentar un precedente que impida el uso de espacios institucionales para iniciativas que atenten contra la igualdad y la legalidad vigente.
Un “acoso” este último, señalaron, que “está penalizado por la Ley Orgánica aprobada en 2022 por la que se modificaba la Ley de 10/1995 para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”.
