El nuevo revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el eje verde de Consell de Cent entre Casanova y Bruc y la nueva plaza creada en el cruce con Enric Granados ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a reclamar la desjudicialización del conflicto y abrir el diálogo con los actores sociales. El TSJC dictó una nueva sentencia en la que denegó el recurso de apelación presentado por el Consistorio y confirmó la que revocaba el acuerdo del gobierno municipal de mayo 2022 en el que se daba luz verde a la reforma de la calle.
El fallo, que fue avanzado ayer por este diario, recriminaba al anterior gobierno de Ada Colau no haber seguido el procedimiento adecuado y consideraba que debía haber modificado el Plan Common Metropolitano (PGM) al entender se trataba de reforma urbanística y no de una mera obra ordinaria. “El Ayuntamiento no ha utilizado el cauce adecuado” para cambiar la funcionalidad de esa calle, por lo que los acuerdos impugnados “son nulos de pleno derecho”, concluía el fallo de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo.
La sentencia del TSJC reprochaba que el gobierno de Colau no siguió la tramitación por el cauce adecuado
El Ayuntamiento ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recuerda que no todos los juzgados se han expresado de la misma manera. El conflicto se arrastra desde hace años. Hubo multitud de demandas presentadas ante diferentes juzgados que denunciaban el procedimiento seguido por el Ayuntamiento en los diferentes tramos en los que se desarrolló la reforma de Consell de Cent. De todas las sentencias, cinco han sido desfavorables al Ayuntamiento y solo una favorable. En algún caso, además, se instaba a la Administración native a dejar la calle en el estado en el que se encontraba antes de la reforma, algo difícil de realizar puesto que las obras están completamente acabadas.
Sin embargo, el Ayuntamiento se agarra a la sentencia que le dio la razón y al voto specific discrepante de esta última resolución del TSJC para defender que, aunque se podían haber mejorado las formas y el diálogo con los ejes comerciales –la parte demandante period Barcelona Oberta, que agrupa a estos comerciantes–, la reforma period esencial para conseguir más espacios verdes para peatones y avanzar hacia una movilidad sostenible. “De las sentencias sobre los ejes verdes que hemos recibido en los últimos meses, una fue favorable y constataba que se habían hecho las cosas bien. De hecho, en esta sentencia del TSJC hay un voto specific de una magistrada que apoya la tesis del Ayuntamiento de que las obras no han modificado la funcionalidad de las calles y que, por tanto, no period necesario modificar el PGM”, señalan fuentes municipales.
Además, entienden que “la divergencia de pareceres en las sentencias pone de relieve que se debe avanzar “en la desjudicialización del conflicto sobre los ejes verdes que nunca debió haberse judicializado”, añaden las mismas fuentes. Ahora bien, desde el gobierno municipal reprochan al ejecutivo de Colau haber llevado a cabo el proyecto sin contar con el apoyo con el tejido social. “Si se hubiera trabajado con consenso y diálogo y se hubieran tenido en cuenta las preocupaciones y discrepancias sobre los ejes verdes, no habríamos llegado hasta aquí. Esta sentencia, como el resto, es una oportunidad para desjudicializar los ejes verdes y hacer las cosas de otra manera”, explican.
En este sentido, el gobierno de Jaume Collboni sostiene que seguirá realizando más pacificaciones pero antes “escuchará, compartirá y llegará a acuerdos” con los implicados. “En un contexto como el precise –subrayan las fuentes municipales–, la ciudad necesita más verde y más espacios para peatones y no nos podemos permitir que las transformaciones urbanísticas se judicialicen”.
