Hace 19 años esta semana que el juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería paralizó las obras de un hotel de 21 plantas y 411 habitaciones frente a la playa del Algarrobico, un espectacular paraje pure en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Pure del Cabo de Gata–Níjar.
Comenzaba así una saga que ha recorrido todas las jurisdicciones del Estado y cuyo último episodio es el anuncio del Gobierno de que va a expropiar parte de los terrenos donde se asienta la carcasa del resort, como primer paso para intentar demolerlo. Es una decisión que solo afecta a la parte bajo jurisdicción del Estado, la más cercana al mar. Para lograr una demolición completa, el Ejecutivo necesita que la Junta de Andalucía adopte la misma medida sobre la parte bajo responsabilidad autonómica. El Gobierno regional, en manos del PP, ha rechazado, de momento, el órdago de La Moncloa. Y con esta negativa anuncian que acudirán a la reunión del próximo 4 de marzo para tratar el asunto.
El principal nudo para ejecutar la demolición es que el Ayuntamiento de Carboneras arrastra los pies para cumplir con las reiteradas resoluciones judiciales que le exigen revisar (en la práctica, anular) la licencia de obras del edificio, con la esperanza de encontrar una alternativa. Según el Tribunal Supremo y la Junta, solo una vez retirado el permiso puede empezar la demolición. No hay fecha prevista para que esto ocurra, porque el municipio ha dado sucesivas excusas para no hacerlo. No tiene sentido que, una vez certificada la ilegalidad del complejo turístico, el cumplimiento de la ley penda de un trámite municipal, obviamente muy fácil de dilatar. La asociación ecologista Greenpeace es de la misma opinión y ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una denuncia —admitida a trámite— de que la decisión del Supremo que obliga a esperar a la decisión municipal vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Pero, sobre todo, no tiene sentido que tanto el Gobierno central como la Junta actúen de espaldas el uno al otro en un asunto que, supuestamente, les interesa por igual.
El nombre del Algarrobico y su imponente imagen decrépita serán para siempre el símbolo de los grandes errores de unas políticas de construcción que marcaron una época aciaga en España. Aquellos que tienen poder para intervenir deben presionar para que entren las excavadoras y los ciudadanos vean que se ha aprendido la lección: que el todo vale urbanístico en nombre de la prosperidad turística e inmobiliaria —y municipal— es una invitación a los errores irreparables. Aunque ralentice las cosas, la protección de nuestros espacios naturales exige comprobar varias veces primero para no tener que lamentarse después.
