Duro Felguera ahonda su disaster. La ingeniería asturiana ha presentado este miércoles ante los juzgados de lo mercantil de Gijón el último recurso que le queda antes de entrar en concurso de acreedores. Para ello, la empresa ha invocado la ley concursal ante el juez con el objetivo de “iniciar una negociación con sus acreedores para la aprobación de un plan de reestructuración del grupo, que permita su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible”, según el comunicado que ha remitido Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta solicitud llega apenas dos semanas y media después de que la energética Sonelgaz presentara ante la Cámara de Comercio e Industria de Argelia un arbitraje por la suspensión en junio de las obras para la construcción de una central de ciclo combinado en Djelfa, un hecho por el que Sonelgaz reclama 413 millones de euros a la española.
La empresa, que fue rescatada por el Estado en 2021 con unos préstamos por valor de 120 millones, se encuentra con su cotización suspendida desde el mismo día en que se conoció la reclamación de Sonelgaz, el pasado 25 de noviembre. El litigio abierto con Argelia ha provocado que la compañía deba reexpresar sus cuentas de 2022, 2023 y reformular las del primer semestre de 2024 para añadir una provisión de 100 millones de euros. A pesar de ello, Duro Felguera aseguró el pasado 29 de noviembre que el patrimonio neto de la sociedad a cierre del primer semestre se mantiene positivo. “La solicitud de comunicación de negociación con los acreedores permitirá a la sociedad el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan, entre otros y particularmente, los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia. La sociedad continuará con su actividad regular ejecutando los proyectos en curso”, ha explicado Duro Felguera en el comunicado enviado a la CNMV este miércoles.
Antes de solicitar este preconcurso ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón, la compañía había explicado que Sonelgaz había incurrido en sucesivos incumplimientos del contrato firmado en 2014, lo que motivó que la española presentara dos reclamaciones: una por valor de 65 millones en 2019; y otra de 113 millones en 2020, haciendo un complete de 178 millones. Finalmente, la situación derivó en la suspensión del contrato en junio de este año.
Duro Felguera, que cambió de dueños en febrero de este año con la compra de casi el 55% del capital por parte de las mexicanas Prodi y Mota-Engil, presentó unos malos resultados semestrales, con unas pérdidas de 26,3 millones de euros. Si bien logró elevar sus ingresos un 11% entre enero y junio, el ruido en torno a Duro Felguera se incrementó notablemente en noviembre y diciembre tras la salida del anterior consejero delegado, Jaime Argüelles, quien abandonó definitivamente la compañía al salir también del consejo de administración, el cual pasó a estar presidido por el consejero ejecutivo Eduardo Espinosa. Este sustituyó en el puesto a Jaime Isita, hombre fuerte designado por los dueños mexicanos de Duro Felguera, quien pasó a ser vicepresidente.
Esta situación reavivó los rumores de un preconcurso de acreedores, algo que Espinosa negó ante los trabajadores justo antes de conocerse la reclamación de Sonelgaz. Según indicó a este periódico el secretario common de Comisiones Obreras (CC OO) de Industria de Asturias, Damián Manzano, Espinosa les aseguró entonces que la compañía “ni ha presentado ni piensa presentar” el preconcurso de acreedores, algo que finalmente ha hecho este miércoles. La ley concursal invocada por Duro Felguera entró en vigor en septiembre de 2022, con la gran novedad de que los acreedores pueden obligar a los accionistas a convertir deuda en acciones. A 30 de junio, la compañía contaba con una deuda financiera bruta de 147,1 millones de euros, frente a los 144,4 millones que registró al finalizar 2023.
Antes de conocerse la solicitud de preconcurso, el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de la compañía aseguró que acudiría a los tribunales en caso de que se perjudique a los accionistas. “Creemos que, dado que no hemos formado parte de decisiones impuestas contrarias en nuestra opinión al interés social, tenemos libertad de acción para apoyar la defensa de la compañía y acudir a los Tribunales en el caso, esperemos que no sea así, de que sea necesario”, señaló el SAM, que se queja de no tener un asiento en el consejo de administración de la asturiana. “[Esto] hubiese sido conforme a la buena gobernanza dada la enorme representatividad alcanzada antes de la entrada de Grupo Prodi y Mota Engil, entrada que respaldamos por convicción al no existir alternativa para defender nuestra empresa y nuestra inversión”, añadió el SAM.
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