El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido arrestado este martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas. Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que, durante dicha campaña, decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial.
El líder filipino, de 79 años, ha sido detenido por la policía a su regreso de Hong Kong, donde estaba de viaje, y se encuentra bajo custodia en la base aérea de Villamor, según ha comunicado el Gobierno filipino. Su asesor jurídico, Salvador Panelo, ha calificado el arresto de “ilegal”, alegando, entre otros motivos, que Filipinas se retiró en 2019 del tribunal con sede en La Haya (Países Bajos). De hecho, el país se había negado hasta el año pasado a cooperar con la investigación del tribunal, argumentando que no tenía jurisdicción sobre el caso.
“A primera hora del martes, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto”, informa el Ejecutivo del archipiélago asiático. “El expresidente y su equipo gozan de buena salud y un médico del Gobierno los está examinando”, prosigue el texto, recogido por la agencia de noticias filipina PNA. Las autoridades aseguran que los agentes de policía de Filipinas que ejecutaron la orden de detención iban equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia de la operación.
“Tendrán que matarme primero”
Duterte y sus acompañantes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila poco después de las nueve de la mañana hora native (poco después de la una de la madrugada en la España peninsular). En ese momento, el fiscal normal del país presentó la notificación del tribunal, y las fuerzas de seguridad nacional lo escoltaron fuera del aeropuerto. Minutos antes de su detención, al bajar del avión, el político se mostró desafiante: “Tendrán que matarme primero”, declaró, fiel a su estilo, según recogen los medios locales.
“Muéstrenme ahora la base jurídica por la que me encuentro aquí”, se escucha decir a Duterte en un vídeo publicado por el medio filipino Rappler, en el que se le ve sentado en un sillón y con semblante serio. El ambiente parece relajado. “Deben responder por esta privación de mi libertad”, prosigue.
Una figura aún influyente
Aunque Duterte abandonó la política en 2022, continúa siendo una de las figuras más influyentes de la nación. De hecho, su hija Sara es actualmente la vicepresidenta de la República. El exmandatario ha disfrutado, además, de relativa inmunidad a pesar de las múltiples acusaciones que pesan en su contra. En Hong Kong, ciudad que acoge a una gran comunidad filipina (es la minoría étnica más numerosa de la urbe, sumando aproximadamente 130.000 personas), Duterte había participado en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del próximo 12 de mayo.
La guerra contra el narcotráfico de Duterte se convirtió en la piedra angular de su Administración (2016-2022). Su mensaje populista y la promesa de ejercer mano dura para limpiar las calles de traficantes y toxicómanos le llevaron a la presidencia, pese a que múltiples expertos afirmaban que el país no enfrentaba un problema desproporcionado de consumo de drogas. En su mitin de cierre de campaña, llegó a instar a su electorado a “olvidar las leyes de derechos humanos”. “Traficantes, ladrones y vagos, será mejor que os larguéis, porque os mataré”, advirtió entonces.
Según datos oficiales de la Policía, en los operativos murieron unos 6.200 sospechosos, pero las oenegés locales e internacionales elevan la cifra a más de 30.000. En 2021, el TPI inició una investigación en su contra por las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2011 y 2019, todas ellas bajo su mandato: primero (entre 2009 y 2015) como gobernador de Davao, la segunda ciudad más grande del país; y luego a escala nacional.
Duterte retiró a Filipinas del TPI de manera unilateral en 2019, un movimiento que diversos activistas criticaron por considerar un intento para eludir la rendición de cuentas. Pese a su salida de este organismo, Filipinas continúa siendo miembro de la Interpol, que tiene potestad para solicitar la detención de Duterte en nombre del tribunal. La abogada filipina Kristina Conti, asistente authorized del tribunal, apunta a Rappler que el expresidente debe ser entregado ahora a un Estado miembro del tribunal internacional y después a su sede en La Haya.
El arresto de este martes supone un paso clave en la búsqueda de la justicia de miles de filipinos que llevan años reclamando responsabilidades por la muerte de sus familiares. Muchos de ellos fueron abatidos por policías, sicarios y grupos de vigilantes sin ni siquiera recibir un juicio, según denuncian. Activistas locales aseguran que la mayoría de las víctimas de la cruenta campaña eran personas de pocos recursos económicos de zonas urbanas, muchos de ellos menores de edad y ciudadanos sin vínculos con el narcotráfico.
No obstante, aún no está claro si Duterte será entregado al tribunal internacional, una cuestión que podría desencadenar un enfrentamiento authorized y político dentro de la propia Filipinas. El caso será, además, una prueba decisiva para el TPI, ya que medirá la capacidad del organismo para hacer valer su jurisdicción frente a mandatarios que han intentado eludir la justicia internacional.
El tribunal de La Haya también ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el genocidio en Gaza; contra el autócrata ruso Vladímir Putin y los altos cargos que planificaron la invasión de Ucrania; y contra Min Aung-hlaing, el jefe de la junta militar de Myanmar y responsable del brutal golpe de Estado que ha sumido al país en el más profundo caos desde 2021.
en el Senado de Filipinas para responder sobre la guerra de su administración contra las drogas, el 28 de octubre.Ezra Acayan (Getty Photographs)
