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Hay un malestar creciente en las poblaciones catalanas del litoral por la restricción de acceso a las playas que impone la ley de Costas. Los alcaldes han recogido esa inquietud y la han trasladado al Gobierno central y al catalán. El último conflicto se ha vivido en Cabrera de Mar, un municipio que tiene su casco urbano cinco kilómetros tierra adentro, como tantos otros en esa zona. Esto es así desde hace siglos porque las casas se erigían alejadas del mar para protegerse del ataque de los piratas que saqueaban y secuestraban a los vecinos para convertirlos en esclavos. Esos lugareños se trasladaban en carro hasta la playa, donde tenían las barcas de pesca sobre la arena para salir a faenar.