Críticas de la oposición al alcalde Jaume Collboni tras la decisión de retirar los agentes de la Guardia Urbana enviados a la Comunidad Valenciana para colaborar en las tareas de emergencias por la DANA. El gobierno municipal adoptó esta postura después de que la Secretaría de Estado de Seguridad recordase que los cuerpos de seguridad native no pueden ejercer competencias de seguridad ciudadana o policía judicial fuera de los términos de sus demarcaciones naturales por lo que su colaboración se tiene que limitar a labores de apoyo en los trabajos de recuperación de servicios, como las tareas de desescombro o de limpieza del barro.
El Ayuntamiento argumenta que ya ha enviado para realizar estos cometidos a los bomberos y servicios de limpieza, además de miembros del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), private que todavía no tiene una fecha de regreso. Uno de los primeros en discrepar de la decisión municipal ha sido el sindicato de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En un comunicado, esta organización ha alegado que se está haciendo “una interpretación perversa” de este requerimiento y ha defendido que los agentes podrían “hacer funciones de policía de tráfico, asistencial y de ayuda al restablecimiento de servicios públicos, entre otros”.
Además, partidos de la oposición han mostrado su disconformidad. Así, el presidente del grupo municipal de Junts-TriasxBCN, Jordi Martí, ha instado a Collboni a revertir esta decisión “por motivos humanitarios” y porque a su juicio la ley de fuerzas y cuerpos policiales posibilita a los policías locales “ejercer funciones de apoyo, auxilio, acompañamiento y trabajos de reconstrucción fuera de su municipio”.
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, también ha pedido al alcalde que “rectifique” y ha defendido que las funciones a desarrollar por la Guardia Urbana son “todavía necesarias” mientras duren los trabajos de recuperación de los municipios afectados por la DANA.
Por su parte, el responsable de Vox en el Consistorio barcelonés, Gonzalo de Oro-Pulido, ha asegurado que pedirá explicaciones y que esta decisión perjudica “a la imagen” de la ciudad y supone “un golpe grande” para los voluntarios de la Guardia Urbana.
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