El Ministerio de Consumo ha repasado los anuncios de pisos turísticos en la ciudad de Madrid, y algo no cuadra. Por un lado, aparecen 16.335 alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas on-line; y por otro, al ayuntamiento de la ciudad solo le constan 1.131 licencias. Un fuerte contraste que lleva al ministerio a concluir que actualmente hay más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales en Madrid, un dato que Consumo considera “muy preocupante”, por lo que requiere al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida que retire los anuncios y sancione a los responsables.
El ministerio sitúa como ejemplo a seguir al ayuntamiento de Barcelona que, cube, ha conseguido retirar miles de anuncios de viviendas turísticas que no cumplen los requisitos leales y devolver de esta manera una gran cantidad de pisos al mercado de alquiler para residentes habituales.
Con estos datos, el Ministerio de Consumo sitúa a Madrid como una de las ciudades españolas con mayor concentración de pisos turísticos ilegales. El estudio incluye decenas de miles de url de anuncios en plataformas de pisos turísticos, que se ofrecen de forma segmentada para poder detallar el número de registro o su ausencia, la información sobre el anfitrión y el tipo de estancia y alojamiento que se ofrece. De esta forma, se facilitan al ayuntamiento evidencias digitales para que “pueda investigar la situación de estos alojamientos, llevar a cabo el cese de su actividad y la apertura de expedientes sancionadores”.
El archivo digital incluye direcciones exactas e información para identificar a los propietarios, como, por ejemplo, 14 anuncios de pisos turísticos sin licencia en la caller Mayor, y 11 en la calle Preciados. Dos ejemplos que se van replicando a lo largo y ancho del callejero de la ciudad.
El Ministerio de Consumo ya abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda por no cumplir con la normativa de consumo en relación con la publicidad del número de licencia y en febrero de este año abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no cumplir la normativa de protección de consumidores, por ejemplo, por hacerse pasar por particulares cuando realizan una actividad profesional.
Son actuaciones que siguen su curso, pero en el caso de los más de 15.000 viviendas turísticas sin licencia urbanística en la ciudad de Madrid, es el ayuntamiento quién debe actuar al tratarse de incumplimientos de la normativa municipal.
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