La Audiencia Nacional ha condenado a un año y nueve meses de cárcel a Serafín Castellano, un histórico conseller de la Generalitat Valenciana en gobiernos del PP. Según consta en una sentencia fechada este miércoles, el tribunal ha considerado probada su implicación en el llamado cártel del fuego, una trama que operó en esa comunidad y en Cataluña, entre otras, para alterar la adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades. Castellano, que fue consejero con cuatros presidentes regionales distintos y delegado del Gobierno de Mariano Rajoy, confesó durante el juicio tras pactar con la Fiscalía.
Los magistrados han declarado al exconseller culpable de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y falsificación documental. Pero lo absuelven del delito de asociación ilícita, que también le atribuía el ministerio público. Este detalle permite a Castellano reducir la pena de prisión que había acordado con la Fiscalía: así, los 2 años y 7 meses de reclusión pactados se quedan finalmente en 1 año y 9 meses. A su vez, a la hora de establecer la pena, se ha tenido en cuenta el atenuante de confesión y las dilaciones indebidas del procedimiento —el caso se inició en 2015 y se ha sentenciado casi 10 años después—.
Durante el juicio, que se celebró el pasado septiembre, 16 personas se sentaron en el banquillo. Las 12 que llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía han resultado condenadas; y las otras cuatro que no pactaron, absueltas. En este segundo grupo se encuentra Francisco Alandí Escrig, gerente de una de las empresas implicadas en la trama. Él fue quien denunció la existencia del cárcel y aportó numerosa documentación para acreditarlo. Debido a esa cooperación, el tribunal le ha aplicado la denominada “excusa absolutoria”, un concepto introducido mediante una directiva europea para proteger a los arrepentidos —si se cumplen ciertas condiciones, como así ocurre en este caso, según la Audiencia—. Es la primera vez que el tribunal aplica este eximente desde su entrada en vigor.
La sentencia describe cómo, entre 1999 y 2018, un grupo de empresarios del sector de la navegación aérea de extinción de incendios se alió para “repartirse geográficamente los concursos públicos licitados a nivel nacional”, mediante la puesta en marcha de una “serie de conductas ilícitas”. Para ello, “contaban, en algunos casos, con la colaboración de autoridades o funcionarios públicos con competencias en la materia”. Según el sumario, los corrompidos recibieron regalos, como dinero en metálico, vehículos, cacerías, armas, aparatos electrónicos y estancias en hoteles.
Respecto a Serafín Castellano, el juez teacher precisó que, para conseguir su favor, se le entregaron múltiples “dádivas” —solo las relacionadas con las actividades cinegéticas superaron los 160.000 euros, según apuntó el juez—. Y él no period un cualquiera. Durante su etapa como político del PP, Castellano acumuló un enorme poder en la Comunidad Valenciana. Llegó a la cima de la formación conservadora en la región, dentro de la cual ostentó cargos de enorme responsabilidad. Fue presidente provincial del PP en Valencia; secretario basic del partido autonómico; diputado regional; alcalde de Benisanó (Valencia)… También, durante varios periodos de 1999 a 2014, conseller de la Generalitat (de Justicia y Administraciones Públicas, de Sanidad, y de Gobernación) con cuatro presidentes distintos (Eduardo Zaplana, Francisco Camps, José Luis Olivas y Alberto Fabra). Y el Gobierno de Mariano Rajoy lo designó como delegado del Ejecutivo en la comunidad, posición que ejercía cuando fue detenido en 2015.
