El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido este domingo en las elecciones presidenciales con un 56% de los votos frente al 44% de la candidata Luisa González, apoyada por el expresidente Rafael Correa. El resultado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue calificado como irreversible por este organismo y se desarrolló en un proceso que, según observadores internacionales, transcurrió de manera pacífica y transparente. No obstante, González denunció un “grotesco fraude electoral” y se negó a reconocer los resultados, alegando inconsistencias con las encuestas previas y un supuesto abuso de poder por parte del oficialismo. Estas acusaciones, aunque graves, no han sido respaldadas con pruebas concretas y contrastan con la evaluación positiva de la jornada por parte de misiones de observación internacionales.
A tenor de los casi 12 puntos de diferencia, Noboa ha logrado consolidar un respaldo significativo en un contexto de creciente violencia y crisis económica y dar la vuelta al resultado adverso de la primera vuelta y al que presuponían casi todas las encuestas, que entonces, como ahora, han fallado en sus proyecciones. Su promesa de mano dura contra las mafias y el narcotráfico, que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, resonó en una población ávida de seguridad y estabilidad.
No obstante, como denuncia González, es necesario señalar que durante la campaña electoral se observaron acciones que pueden interpretarse como un uso excesivo del aparato estatal en favor del presidente. La declaración de estado de excepción en siete provincias y en Quito, justo antes de la elección, limitó la movilidad y generó preocupaciones sobre la equidad del proceso. La militarización de las calles, justificada por motivos de seguridad, pudo haber influido en la percepción de imparcialidad del Estado.
En este momento crítico, Ecuador necesita más que nunca certidumbre y cohesión. Es imperativo que el nuevo Gobierno de Noboa trabaje en fortalecer las instituciones democráticas, garantizando la independencia de los poderes y promoviendo un diálogo inclusivo que permita superar las divisiones políticas. La transparencia en la gestión pública y el respeto a los derechos humanos deben ser fundamentales en el nuevo mandato. La oposición tiene la responsabilidad de canalizar sus inquietudes por las vías legales y contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. La denuncia sin pruebas puede erosionar la confianza en las instituciones y profundizar la polarización social.
Ecuador enfrenta desafíos mayúsculos en materia de seguridad, economía y cohesión social. Superarlos requerirá un esfuerzo conjunto de todos los actores políticos y sociales, priorizando el bienestar común sobre los intereses partidistas. Solo así se podrá construir un futuro más justo y seguro para todos los ecuatorianos.
