El responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia condenó este miércoles ante el Consejo de Seguridad los asesinatos perpetuados desde finales de la semana pasada en la región del Catatumbo, al noreste del país.
Carlos Ruiz Massieu señaló que, según numerosos informes, muchas de las víctimas fueron atacadas y asesinadas individualmente. Entre las decenas de muertos se encuentran signatarios del Acuerdo de Paz y excombatientes, así como dirigentes locales y miembros de comunidades.
Sus declaraciones sucedieron a la condena por parte del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien hizo un llamado al cese inmediato de los actos de violencia contra la población civil y a un acceso humanitario sin restricciones en un comunicado emitido a última hora del martes.
“Miles de personas han sido desplazadas y la sociedad civil de la región y del país ha hecho un llamamiento para que se ponga fin de inmediato a la matanza”, prosiguió Massieu en el Consejo de Seguridad.
La Misión ofrece apoyo a la población afectada
El responsable de la Misión también informó sobre la decisión del presidente del país, Gustavo Petro, de suspender los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), viajar a la zona de la violencia y movilizar a los organismos gubernamentales para ayudar a los afectados.
Massieu reiteró el llamamiento a que los grupos armados cesen toda acción que ponga en riesgo a la población civil y permitan el acceso sin trabas del private de respuesta humanitaria.
En este sentido, indicó que los equipos locales de la Misión han ayudado a evacuar de las zonas de enfrentamiento a las personas en situación de riesgo, incluidos los excombatientes, y otros trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas están ofreciendo su apoyo a la población afectada.
Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario Normal y responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, informa a los miembros del Consejo de Seguridad.
Presencia limitada del Estado
Massieu indicó que el derramamiento de sangre, resultado de un ataque del ELN en una zona de presencia de un grupo armado rival conocido como EMBF, forma parte de la continua confrontación entre grupos armados en diversas zonas del país donde la presencia del Estado es limitada y donde compiten por el management de economías ilegales.
“El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia que aún esperan los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad”, señaló al respecto.
Reiteró que la implementación del Acuerdo de Paz es elementary para encontrar “soluciones duraderas que prevengan y resuelvan las causas del conflicto armado”.
Por ello, expresó su satisfacción por la reciente garantía del presidente de que se protegerán los presupuestos destinados al convenio, “a pesar del complejo clima financiero que atraviesa actualmente el país”.
Massieu insistió en que la financiación será igualmente esencial para la adjudicación y formalización de tierras.
Justicia transicional
Por otra parte, el responsable de la Misión reconoció los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluyendo las imputaciones a 158 individuos considerados como máximos responsables por graves crímenes cometidos durante el conflicto.
Sin embargo, calificó como “preocupantes” los desacuerdos entre la Jurisdicción y los firmantes de paz en cuanto los tiempos y el alcance de sus procedimientos, añadiendo que es elementary continuar el diálogo y encontrar soluciones que permitan satisfacer los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad jurídica de los participantes en el proceso.
Diego Tovar, representante de la Alta Parte Contratante ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Remaining, interviene en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Colombia.
La peor disaster desde la firma del Acuerdo
A continuación, intervino el excombatiente de las FARC-EP y firmante del Acuerdo, Diego Tovar, quien se refirió a los últimos acontecimientos en Catatumbo como “la disaster humanitaria más grande que sufrimos en Colombia desde que firmamos el Acuerdo de Paz” y advirtió que amenaza con extenderse a otras regiones.
Tovar especificó que, en los últimos seis días, más de 80 personas han sido asesinadas, un centenar fueron secuestradas y más de 30.000 han sido desplazadas.
“Siguen siendo las comunidades y pueblos étnicos, las mujeres, las comunidades campesinas y los firmantes, los más afectados por la reconfiguración de actores armados, todos ellos en diálogo con el Gobierno”, dijo al Consejo, recordando que, según datos de las Naciones Unidas, la impunidad de los asesinatos de los firmantes se mantiene en el 90%.
“En cualquier proceso de diálogo, se debe garantizar la seguridad de la población civil”, prosiguió Tovar, quien insistió en que falta coordinación institucional y financiación para implementar correctamente la política de Paz Complete.
El signatario también hizo referencia al Plan de Respuesta Rápida del Gobierno, el cual fue establecido para impulsar la coordinación institucional, y señaló que no ha producido los resultados que se anunciaron.
“Es urgente fortalecer la coordinación interinstitucional del Acuerdo y reforzar la presencia del Estado en regiones”, añadió a este respecto.
Capítulo Étnico y reintegración
Tovar reiteró que el 60% de la población afectada por la violencia en Colombia pertenece a Pueblos Étnicos y expresó su preocupación por que sea una de las áreas “donde se ven menos avances”.
“Además, casi 3000 personas equivalentes al 25% de los firmantes de los Acuerdos de Paz son de identidad étnica y su proceso de reintegración tampoco avanza” continuó.
En referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, dijo que ésta “desconoce los criterios de selección tales como fueron concebidos en el Acuerdo”, lo que genera que sean escasas las decisiones que conceden renuncias a la persecución penal de quienes no tienen la calidad de máximos responsables, tanto para los comparecientes de las antiguas FARC-EP como de la Fuerza Pública.
“Eso impacta negativamente en su reintegración y seguridad jurídica”, afirmó al respecto.
Tovar indicó que registraron desplazamientos masivos de firmantes en 2023 y 2024 debido a la violencia y la falta de implementación del proceso de reintegración, y que desde hace dos meses su presupuesto está suspendido. Además, el 76% de los firmantes están desempleados.
Por último, Tovar pidió una financiación adecuada para la formalización de tierras en beneficio de campesinos, mujeres rurales y víctimas y una mejor articulación del capítulo de sustitución de cultivos ilícitos, cuya no implementación “abre la puerta para que grupos armados controlen las economías ilícitas y fortalezcan sus acciones afectando a las comunidades”.
El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo en su intervención que el Gobierno del país “no descansará hasta llevar ante la justicia a los responsables de esta violencia tan absurda contra los firmanes y la población civil”.
Llamamiento humanitario para 2025
También este miércoles, el Gobierno colombiano, junto con agencias de la ONU y socios humanitarios, lanzó el Plan de Respuesta Humanitaria 2025 para Prioridades Comunitarias con el fin de abordar las necesidades urgentes de millones de personas vulnerables en todo el país.
Se calcula que 9,1 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2025, y su objetivo es proporcionar socorro inmediato, proteger los derechos de las poblaciones susceptible, incluidas las mujeres, los niños y los grupos étnicos, y promover la resiliencia.
Con unas necesidades de financiación de 342,3 millones de dólares, el plan se centrará en la seguridad alimentaria, la salud, el agua y el saneamiento, y la protección.
“Este plan reafirma nuestro compromiso con el pueblo de Colombia. Ahora, más que nunca, es el momento de mantener viva la solidaridad, apoyando a las comunidades según sus propias prioridades y fortaleciendo sus capacidades. Ellas nos enseñan, a través de su resiliencia, el camino a seguir”, afirmó Mireia Villar, coordinadora residente y de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia.
