Ciudades para todas las edades: la propuesta de la OCDE ante el cambio demográfico | Economía

Las ciudades están experimentando profundos cambios demográficos. La cantidad de adultos mayores de 65 años por cada 100 personas en edad laboral —de 20 a 64 años— aumentó en las urbes de los países más desarrollados del mundo. Los expertos proyectan que la proporción de personas de más edad aumente del 20,9% al 27,9% en promedio, entre 2020 y 2040, en las áreas metropolitanas y sus periferias de 29 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto obliga a los gobiernos a reevaluar las políticas para que estos núcleos urbanos sean más inclusivos, garantizando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para todos los residentes con independencia de su edad, según se desprende del informe Ciudades para todas las edades, elaborado por la organización multilateral con sede en París.

Si se analiza de cerca los resultados de los países miembros de la OCDE, los mayores aumentos de la ratio de mayores respecto al complete de la población, entre 2000 y 2022, se registraron en Corea (4,8 %), Colombia (2,9 %), México (2,6 %), Japón (2,4 %), Chile (2,4 %) y Polonia (2,2 %). Asimismo, si bien, las zonas rurales tienden a presentar repuntes más pronunciados en la proporción de personas mayores de 65 años que las urbanas —en 22 de los 35 miembros—, en algunos países, como España, esta tasa creció más rápidamente en las ciudades que fuera de ellas. Sin embargo, los núcleos urbanos no solo deben atender las necesidades de los más longevos, también deben conservar su capacidad de crecimiento para seguir siendo atractivos para los más jóvenes.

La OCDE ha identificado tres aspectos que definen a una ciudad inclusiva: un diseño y planificación urbana centrados en la calidad de vida de los habitantes; el aprovechamiento de todo el potencial económico de cada grupo, es decir, fortalecer la economía native mediante la integración de todas las cohortes de edad como trabajadores y consumidores; y el garantizar el derecho a la vivienda de todos los habitantes. En este último punto, especialmente crítico en el caso de España dada la precise crisis residencial, la OCDE resalta la necesidad de invertir en vivienda asequible.

El informe destaca que las diferencias del acceso a la vivienda de los jóvenes, de 20 a 29 años, varían considerablemente entre los países miembros. De media, en la OCDE, alrededor de la mitad de los jóvenes menores de 30 años viven con sus padres. Sin embargo, esta proporción es mucho mayor en España — junto a Grecia, Irlanda, Italia, Corea y Portugal — donde más del 75% viven con sus padres, según los datos correspondientes a 2022. En contraste, la cantidad de jóvenes que viven con sus progenitores es mucho menor en los países nórdicos, donde es mucho más possible emanciparse y vivir solo, según el estudio de la OCDE.

Para lograr que las urbes no solo atraigan a los jóvenes por las oportunidades laborales, sino también sean capaces de alojarlos a un precio asequible, el organismo sugiere desplegar medidas para que los nuevos hogares puedan establecerse cerca de escuelas, fuentes laborales, servicios y centros culturales. La organización cita algunos ejemplos de éxito en Italia, Irlanda, Estados Unidos y Grecia, con proyectos de rehabilitación de terrenos industriales abandonados, reforma de pisos antiguos para estudiantes e iniciativas de vivienda compartida intergeneracional. El estudio también sugiere el uso de herramientas como subsidios y el aprovechamiento de terrenos públicos y detallan que estas reformas no solo serían provechosas para aquellos de menor edad, al favorecer a que las personas mayores envejezcan en su hogar sin ser desplazadas.

El estudio también aconseja que las ciudades eliminen las barreras arquitectónicas para favorecer la movilidad de los mayores. Y que las urbes también ofrezcan viviendas asequibles para las cohortes de más edad.

Acciones clave

Ignorar las necesidades de las personas de todas las edades en la planificación y las políticas urbanas, puede generar costes sociales y económicos significativos, según advierten los expertos de la OCDE. Entre ellos destacan un impacto en el sistema sanitario —con un aumento del gasto público para atender a los residentes mayores—, y un incremento en los niveles de pobreza o soledad. También puede reducir sustancialmente las oportunidades educativas para los niños, la solidez del mercado laboral y la productividad. Esta situación, a su vez, reduciría el entusiasmo de los más jóvenes por establecerse en estas ciudades.

Para ayudar a las ciudades a adaptarse, la OCDE ha desarrollado una lista de verificación para ciudades, que ofrece acciones clave para los gobiernos de los distintos niveles. En cuanto a la estrategia, se propone priorizar una planificación urbana inclusiva, aplicando diseño para garantizar accesibilidad y que cuente con participación ciudadana. Además, se sugiere fomentar servicios personalizados de empleo tanto para jóvenes como para los de mayor edad, en un esfuerzo por potenciar la llamada silver economic system.

En lo que respecta al manejo y generación de recursos, incentivan el fortalecimiento de las redes de colaboración público-privada. También reconocen la importancia de generar datos desglosados por edad para orientar las políticas, con la aplicación de métodos innovadores en las encuestas nacionales y locales. Finalmente, recomiendan coordinar políticas entre niveles y sectores gubernamentales y compartir buenas prácticas entre ciudades.