Las protestas en Turquía han crecido en tamaño y extensión —la gran mayoría de provincias del país se han unido— y van camino de exceder su exigencia inicial de lograr la liberación del popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, para convertirse en un órdago contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. La detención de Imamoglu, uno de los líderes opositores más importantes, ha sido la chispa que ha prendido la rabia de parte de la población por su precaria situación económica y el cada vez menos velado autoritarismo de Erdogan, que acumula más de dos décadas en el poder. Los estudiantes, puntal de las protestas, ultiman un boicoteo a las clases, mientras varios sindicalistas hicieron este sábado un llamamiento a organizar una huelga normal.
La respuesta del Gobierno ha sido incrementar la represión de quienes más implicados están en las protestas. En la madrugada del sábado, agentes de policía efectuaron redadas en los hogares de decenas de líderes estudiantiles, activistas y políticos de partidos izquierdistas y se los llevaron detenidos. A mediodía del sábado, el ministro de Inside, Ali Yerlikaya, tuiteó que la policía había detenido a 343 “sospechosos” en las protestas de una decena de ciudades. “No daremos ni una sola oportunidad a los provocadores que buscan el caos y amenazan el orden social, la paz y la seguridad de nuestra nación”, advirtió el ministro.
Datos de los colegios de abogados de Estambul y Esmirna indican que solo en esas dos provincias hay más de 370 detenidos tanto en las manifestaciones como en las redadas policiales. A estos hay que sumar al menos unos 60 arrestados por publicar contenido “provocativo” en las redes sociales.
“Es la forma de actuar típica [de este Gobierno]. Si quienes toman las calles no son socialistas, kurdos o feministas, sino el ciudadano medio, no les golpean o les reprimen demasiado durante los primeros dos o tres días de protestas, para evitar politizarlos”, explica un profesor universitario que prefiere no publicar su nombre. Según el académico, ahora la policía ha ido a por los “sospechosos habituales”, para intentar descabezar las protestas, porque los agentes están desplegados en los campus y saben quiénes son los que lideran la protesta.
El hecho de que el movimiento estudiantil y los sindicatos se hayan unido a las movilizaciones, arguye el profesor, está espoleando al Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición y al que pertenece Imamoglu, a salir de su tradicional postura timorata limitada a la institucionalidad para confrontar al Gobierno (el jueves, su líder, Özgür Özel desechó la “política de salón” y afirmó que apuesta por “tomar las calles y plazas”). “A lo largo de su historia, cuando los movimientos obreros y estudiantiles han tirado de él, el CHP se ha escorado a la izquierda. Cuando no, a la derecha”, opina el profesor.
Impacto económico
Las protestas en las que cientos de miles de personas —millones, según la oposición— están participando un día tras otro, pese a que el Gobierno ha prohibido las manifestaciones, suponen un serio desafío a su autoridad. Pero para el Ejecutivo de Erdogan la salida no es fácil. La detención de Imamoglu y la represión de las protestas le está saliendo muy cara, literalmente. Según cálculos del economista Mahfi Egilmez, las empresas que cotizan en la Bolsa de Estambul han sumado pérdidas por un valor de unos 50.000 millones de euros, el Banco Central ha tenido que subir los tipos de interés y ha quemado parte de sus reservas en divisa para evitar un desplome aún mayor de la lira y las previsiones de inflación han sido revisadas al alza, revirtiendo así los avances del programa de ortodoxia financiera que lleva dos años aplicando el equipo del ministro Mehmet Simsek. Un programa que ha tenido un altísimo coste para las clases populares y trabajadoras.
Al mismo tiempo, Erdogan no está acostumbrado a recular ante los órdagos políticos. Este sábado, a última hora, Imamoglu tiene previsto comparecer ante el juez que deberá dictaminar si lo pone en libertad —con o sin cargos— o si lo envía a prisión de forma preventiva. En su declaración ante la policía, el alcalde de Estambul ha negado todos los cargos de corrupción y cooperación con organización terrorista que se le atribuyen y su defensa arguye que todas las acusaciones están sostenidas sobre la base de rumores y testigos secretos. La oposición acusa a su Gobierno de haber montado una conspiración para encausar a Imamoglu y librarse de un rival político (este domingo, el CHP celebra unas elecciones primarias para ratificar a Imamoglu como su candidato presidencial a los comicios previstos para 2028) y con el objetivo de intervenir el Ayuntamiento Metropolitano, como ya ha hecho con los de otros municipios gobernados por la oposición.
En paralelo al caso contra Imamoglu, el viernes, un tribunal destituyó a la dirección del Colegio de Abogados de Estambul, en una decisión que su secretaria normal, Hürrem Sönmez, ve ligada a la situación precise de Turquía. “La investigación en nuestra contra y nuestra destitución han sido una preparación para este estado de anarquía authorized que se está implementando, ya que, como institución jurídica y con sus casi 70.000 miembros, el Colegio de Abogados de Estambul siempre ha asumido su responsabilidad en los periodos extraordinarios y en la defensa de los derechos y la legalidad”, afirmó Sönmez en declaraciones a EL PAÍS.
