Brasil ha solicitado formalmente a Argentina información sobre el paradero de 143 brasileños prófugos de la justicia en el caso abierto por el intento de golpe del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La sospecha de las autoridades brasileñas es que decenas de bolsonaristas radicales se han refugiado en el país vecino aprovechando la sintonía entre el presidente, Javier Milei, y la extrema derecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.
El Gobierno de Brasil quiere saber si esos 143 brasileños están en Argentina y en qué condición: si como simples turistas, con algún tipo de permiso de residencia o si ya han solicitado ser reconocidos como refugiados o asilados políticos. Esta última categoría es la más espinosa, a juicio de las autoridades brasileñas, porque es la que más podría complicar una eventual extradición.
El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, explicó que el viernes 7 de junio se entregó a la Cancillería argentina un oficio del Tribunal Supremo de Brasil que contiene “143 nombres de condenados que están forajidos” para que indiquen quiénes, en esa lista, están en territorio argentino. “Hemos dejado claro a las autoridades argentinas la seriedad y la gravedad del asunto, eso está muy claro para ellos”, afirmó el embajador a la cadena Globonews.
El diplomático admitía que en todo el embrollo jurídico-diplomático hay un issue que “complica” las cosas: las peticiones de refugio. Según informaciones de la Policía Federal brasileña, entre esos 143 forajidos hay al menos 47 que huyeron a Argentina y ya solicitaron asilo. En esos supuestos, la Comisión Nacional de Refugiados argentina realiza una entrevista con cada solicitante y resolve caso a caso. La decisión closing, como es ordinary en estos procedimientos, puede retrasarse bastante. Además, la ley argentina se asegura que ese proceso sea confidencial, por lo que a priori, no se podría facilitar a las autoridades brasileñas los nombres de los sospechosos que ya hayan iniciado el proceso.
Argentina supuestamente alberga al grueso de los bolsonaristas fugitivos, pero hay más. La Policía Federal cree que los huidos pueden ser unos 180 en complete y que habría algunas decenas en Uruguay y Paraguay, aunque estos dos países de momento no han sido notificados.
La semana pasada la Policía Federal desplegó en Brasil una macro operación para detener a 209 personas acusadas de saltarse las medidas cautelares, como la obligación de llevar una tobillera electrónica, la prohibición de usar las redes sociales o el contacto con otros investigados. Los agentes sólo consiguieron arrestar a 50, el resto pueden estar fuera de las fronteras brasileñas.
Todos estos brasileños cuyo paradero es un interrogante están relacionados con la marea de bolsonaristas que el 8 de enero asaltaron los principales edificios de Brasilia; el Congreso, el palacio del Planalto (sede de la Presidencia) y el Tribunal Supremo. Muchos fueron arrestados en los días posteriores y desde entonces han ido recibiendo condenas bastante duras, en algunos casos de hasta 17 años de cárcel.
Para la justicia brasileña participaron en un intento de golpe de Estado para que Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido la presidencia una semana antes, no ejerciera el poder. Para una parte importante de los brasileños, en cambio, eran apenas unos vándalos que no merecen unas penas tan elevadas. Varios diputados de extrema derecha pidieron la semana pasada que Argentina los reciba como “exiliados políticos”.
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