Una vez hecha pública la sentencia del caso de la instalación de unas antenas de telefonía móvil en unas dependencias municipales del Ayuntamiento de Badalona (Barcelonès Nord), que se produjo entre los años 2012 y 2018. El veredicto ha absuelto a todos los encausados , tanto técnicos como políticos, por la vía penal, desde Badalona en Comú denuncia con firmeza que esta sentencia deja en evidencia una grave carencia: la impunidad de dos grandes empresas de telefonía móvil, Vodafone y Movistar.
Los comunes lamentan que las operadoras se beneficiaron de una instalación irregular en dependencias municipales sin pagar tasas, ni canon, ni siquiera los costes de suministro eléctrico, que se cargaron al contador de la comisaría donde estaban instaladas las antenas, durante un tiempo que, aseguran, el ayuntamiento no ha determinado.
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Además, Badalona en Comú quieren poner de relieve que, mientras el Ayuntamiento ha destinado recursos públicos a la defensa de los acusados -unos costes de los que todavía no se sabe la cantidad exacta- no está claro qué acciones se han llevado a cabo para reclamar que estas empresas millonarias paguen por lo que corresponde. Badalona en Comú exige al gobierno municipal que explique qué esfuerzos han hecho para garantizar que Vodafone y Movistar asuman sus responsabilidades.
“Una vez más, la ciudadanía acaba pagando con dinero público no sólo los costes de los abogados, sino también las consecuencias de una mala gestión y las irregularidades, mientras cualquier otro vecino o pequeña empresa de Badalona debe cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta situación es insupportable y se habla muy poco.”, denuncia la presidenta del grupo municipal de Badalona En Comú Podem, Aïda Llauradó.
Antenas de telefonía en la comisaría de Badalona
La sentencia deja claro que las irregularidades existentes en la instalación de las antenas no constituyen delito penal, pero esto no quiere decir que deban quedar impunes. Desde Badalona en Comú creen firmemente que deben haber consecuencias por la vía administrativa. “Es inaceptable que la dejadez y la mala gestión de 2012 hayan quedado sin sanción y, lo más preocupante, que no haya garantías de que situaciones como esta no se puedan repetir hoy, en pleno 2025.”, concluye Llauradó.
Desde el grupo En Comú Podem, continuaremos analizando la sentencia en detalle y seguiremos hablando de este tema en los próximos días, porque la ciudadanía merece transparencia y responsabilidad ante estas irregularidades.
