Los niños suelen vincular el pretérito con el porvenir en una extraña asociación de analogía en virtud de la cual lo sucedido debería ser el pronóstico mimético de lo que va a acontecer.
Con esta misma lógica parece haber sido decidido el retorno de María Jesús Montero a Andalucía como secretaria common del PSOE. Una designación que hurta a los militantes socialistas (más de 40.000) la posibilidad de elegir directamente a su nuevo líder a cambio de sosegar las discordias internas y no enfrentar los intereses de las dos agrupaciones del PSOE meridional que todavía retienen poder institucional: Sevilla y Jaén.
La moción de censura que hace una semana entregó la alcaldía de la capital jiennense a los socialistas, negociada por la vicepresidenta con un partido native, period un indicio de que Ferraz había perdido la confianza en Espadas, al que entronizó para sacar a Susana Díaz del tablero, y necesitaba con urgencia, por factores ajenos a Andalucía, un cambio de embajador en la gran autonomía del Sur, sin la cual es aventurado, o directamente imposible, resistir en la Moncloa si hubiese que adelantar –este mismo 2025– las elecciones generales.
Lo que se anhela es apuntalar el suelo electoral del PSOE en el Sur, más que reconquistar la Junta
La designación de la vicepresidenta, una vez descartadas otras candidatas femeninas que no servían como diques de contención frente al signo negativo que señalan algunas encuestas, no ha sorprendido a nadie, salvo quizás a la propia afectada, que nunca fue partidaria de dirigir un partido al que se afilió desde la atalaya de los cargos institucionales que tuvo en los gobiernos del PSOE en Andalucía, más que por una convicción sólida y temprana. Médica de profesión, pero no de ejercicio, Montero entró en política desde la gestión sanitaria.
Venía de los católicos de base de Triana –su barrio– y de las Juventudes Comunistas. En este sentido, su perfil coincide con el de Susana Díaz, con la diferencia de que a la expresidenta de la Junta, con quien Montero nunca se llegó a llevar bien, pese a ser su consejera de Hacienda, nadie le discute su condición de camisa joven del PSOE, por decirlo en términos irónicos.
El regreso de la vicepresidenta a Andalucía, consecuencia de la Operación Resistencia que Moncloa ha activado en previsión de un hipotético adelanto electoral, y cuyo eje maestro pasa por situar a ministros en las federaciones territoriales, presenta ventajas y obstáculos si lo que se anhela es apuntalar el suelo electoral del PSOE en el Sur, más que reconquistar la Junta.
La vicepresidenta cuenta a su favor con el hecho de que es la única candidata que permitía a Ferraz enterrar las primarias y enviar a los secretarios provinciales un mensaje de autoridad desde la dirección federal. Todos los demás factores tienen un mayor o menor grado de incertidumbre. En primer lugar, Montero va dirigir una organización en la que –igual que Juan Espadas, su antecesor– nunca ha tenido peso orgánico propio. Su poder será pues delegado, lo que no garantiza que exista una fidelidad ciega a sus decisiones.
Todas las encuestas conceden una mayoría cómoda y amplia a Moreno Bonilla
En segundo lugar, su pasado facilita al PP, que ya ha comenzado a explotar la veta, abundante munición tanto en clave regional como estatal. La ministra estuvo 17 años en los gobiernos de Chaves, Griñán y Díaz al frente de las consejerías de Sanidad y de Hacienda, lo que la vincula tanto con la externalización de determinados servicios públicos y los recortes sanitarios como con los acuerdos de reducción de impuestos negociados durante la legislatura en la que Susana Díaz tuvo que apoyarse, antes de perder San Telmo, en Cs.
No son los asuntos más inquietantes. Su gran talón de Aquiles va a ser, sin duda, su gestión al frente del ministerio de Hacienda, donde desde hace seis años ignora el problema (objetivo) de infrafinanciación de Andalucía y tiene adjudicada la encomienda de hacer realidad el concierto catalán –la financiación singular acordada entre el PSC y ERC–, cuya implantación supondría para el Sur de España un recorte del orden de 6.000 millones de euros de los fondos que Andalucía recibe cada año para sostener sus servicios públicos.
¿Cómo piensa salvar la vicepresidenta ambas contradicciones? Es un misterio. Todas las encuestas conceden una mayoría cómoda y amplia a Moreno Bonilla en el caso de unas elecciones autonómicas inmediatas. Pero la fórmula Montero no ha sido diseñada con este fin, sino como una operación de reducción de daños para una legislatura tormentosa en la que los presuntos casos de corrupción erosionan la imagen del Gobierno –en el caso de la vicepresidenta inquieta la relación entre Carlos Moreno, su jefe de gabinete, y Koldo García– y hasta ahora no se han aprobado los presupuestos. El regreso de Montero a Andalucía no es ningún regalo. Más bien da la impresión de que puede llegar a convertirse en un tormento.